Miguel Durán presentará públicamente el lunes una querella contra Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía de Barcelona y Jordi Valmaña, director general de Cementiris de Barcelona (Cbsa). Los despachos Duran & Duran y Palacio Lassaletta darán cuenta el lunes de la querella patrimonial contra el edil y el alto cargo por el desastre de Montjuïc, donde en septiembre de 2017 se hundió un bloque con 144 nichos, afectando a 350 cuerpos.
Según un comunicado hecho público hoy viernes, 13 de julio, los dos bufetes "han asumido la defensa de los afectados por el hundimiento del Cementerio de Montjuïc". Lo han hecho, han indicado, "tras la pésima gestión desplegada tanto por el Ayuntamiento de Barcelona y la gestora del propio cementerio --Cbsa--". El lunes, las dos oficinas de letrados presentarán, junto con los afectados, "las acciones desarrolladas para reclamar responsabilidades a las entidades correspondientes por la totalidad de los daños morales y materiales producidos por esta grave negligencia".
Badia y Valmaña, en la picota
A la espera de conocer más datos de la acción legal, se conoce que ésta se centrará en los responsables políticos del despropósito que acabó con el mezclado de restos humanos, cascotes y ataúdes rotos por el hundimiento el 15 de septiembre de un bloque de 144 nichos en la zona norte del camposanto. Éstos serían, en un principio, Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía y a la sazón presidente de Cementiris de Barcelona. Otra persona contra la que se dirigiría la querella sería Jordi Valmaña, director general de la sociedad municipal.
Asimismismo, el equipo legal que asiste a los familiares del derrumbe del bloque de sepulturas no descartan apuntar contra otros altos cargos que también tienen vínculos con el episodio, aún no resuelto por los equipos forenses contratados por Cementiris de Barcelona.
Análisis de ADN en marcha
De hecho, la sociedad municipal ha iniciado los análisis de los restos del hundimiento de Montjuïc a regañadientes y meses después de que las familias lo reclamaran. Tal y como avanzó Metrópoli Abierta, la empresa pública, que pende del conglomerado Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), ha empezado la licitación de los test que buscarán identificar a los cuerpos que aún permanecen sin identidad. El concurso costará unos 800.000 euros, cifra que se une a todo el gasto que ha comportado arreglar la zona y analizar su robustez.
En paralelo a los trabajos de identificación, Cementiris de Barcelona ha tratado de frenar un alud de querellas por daños morales por medio de pactos con las familias afectadas, como avanzó este medio. No obstante, muchos de los parientes de las personas que estaban inhumadas en los bloques afectados por el hundimiento han rehusado firmar el acuerdo. Una cincuentena de ellas apoyan la querella de Durán & Durán, que busca movilizar a más afectados.