Puigdemont podría pasar 12 años en la cárcel; sus ‘consellers’, más de 30

El expresidente catalán Carles Puigdemont podría pasar hasta 12 años en la cárcel si el juez Pablo Llarena acepta la extradición por malversación y si, después, lo condena por este delito. Por el contrario, sus exconsellers podrían enfrentarse a más de 30 años al acumular los delitos de rebelión y malversación.

El Código Penal establece penas que oscilan entre los cuatro y los ocho años de cárcel en los casos más graves de malversación, ampliables a 12 años si el perjuicio causado excede de 250.000 euros. Este sería el caso, dado que los informes de la Guardia Civil elevan el dinero desviado para el procés a más de cuatro millones.

Riesgo de fuga

Ahora depende de Llarena aceptar la extradición por este motivo o rechazarla. En caso afirmativo, podría producirse una imagen insólita en los próximos meses: ver a Puigdemont, máximo responsable del procés, sentado en el banquillo de los acusados enfrentándose a un máximo de 12 años y, a su lado, los exconsellers podrían ser condenados a más de 30 años.

Si Llarena diera su visto bueno a la entrega del expresidente, las autoridades alemanas pondrían a Puigdemont a disposición del Tribunal Supremo, donde podría someterse a una vistilla en la que lo más probable es que las acusaciones, ya sea el ministerio público o Vox, pedirían su ingreso en prisión provisional, ya que, tras ocho meses y medio en el extranjero, existe riesgo de fuga.

Solo suspendido en caso de terrorismo o rebelión

Aunque Puigdemont fuera enviado a prisión hasta la celebración del juicio –cuya fecha debe ser señalada por la Sala de lo Penal del Supremo—, se daría otra situación insólita, y es que, al estar acusado únicamente por malversación, podría recuperar su escaño en el Parlament.

El expresidente catalán no podría ser suspendido de cargo público, ya que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que suspende a los cargos públicos contra los que se haya dictado prisión provisional y que estén procesados por terrorismo o rebelión.

La rebelión, abierta

Llarena dictó un auto precisamente el pasado lunes en el que concluía la investigación del proceso y acordaba la suspensión temporal de seis procesados por rebelión. La cifra se reduciría a cinco si finalmente Puigdemont es juzgado únicamente por malversación.

El juicio por malversación podría no ser la única vez que Puigdemont tenga que responder ante la justicia española. La opción de acusarle de rebelión aún estaría abierta, y es que la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE establece en su artículo 92 que 45 días después de que una persona sea puesta en libertad definitiva ésta puede volver a ser procesada por un delito distinto, siempre y cuando continúe en España.