El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa sobre el procés, Pablo Llarena, ha suspendido de sus funciones a seis de los diputados procesados por rebelión. Se trata de Carles Puigdemont (en Alemania), Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez --todos ellos en prisión preventiva--. Toni Comín, que se encuentra huido en Bélgica, tiene un plazo antes de aplicar su suspensión.
El exconseller de Salud podrá recurrir su procesamiento, que no le había sido notificado. Se queda también al margen Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura que fue recientemente nombrada delegada de la Generalitat en la Unión Europea, que también podrá recurrir. De esta forma, el magistrado da por finalizada la fase de instrucción, después de recibir la confirmación de los procesamientos por parte de la sala de Apelación del Supremo.
Suspensión cautelar
La medida es cautelar, por lo que no supone para los encarcelados y sobre los que pesa una euroorden perder el acta de diputados. Llarena permite que sus funciones sean asumidas por otros integrantes de sus formaciones de forma temporal, por lo que tampoco tendrían que renunciar a su escaño para mantener la mayoría. De no aprobar esto último la Mesa del Parlament, los partidos independentistas perderían cinco votos, de los diputados que los delegaron.
El expresidente Puigdemont no lo delegó, por lo que su voto no afecta al conjunto de los soberanistas. No se trata, por tanto, de una inhabilitación. La suspensión podrá levantarse en caso de que finalmente se condene a otros delitos distintos a la rebelión o si se levanta la prisión provisional.
En rebeldía
Todos los procesados en la causa sobre el procés que se encuentran en el extranjero han sido declarados en rebeldía. Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Anna Gabriel y Marta Rovira, explica Llarena, no están a disposición del juez. Así, se forma una pieza separada y les da 15 días para comparecer ante el juzgado competente.
Después de dar por finalizada la fase de instrucción, el magistrado deja de tener competencia sobre la causa, que pasará a juicio. Junto a este auto de suspensión, ha emitido otros siete en referencia a peticiones realizadas por las acusaciones y las defensas. Una de ellas es rechazar la solicitud de libertad de Joaquim Forn, porque considera que existe "riesgo de reiteración delictiva y fuga".
Rechaza incluir a Lloveras y Buch
También ha desestimado incluir en la causa principal a Neus Lloveras, diputada del Parlament y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, y a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar. Ambos están investigados por malversación, prevaricación y desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El juez ha considerado suficiente la fianza de 2,1 millones aportada por la ANC y Òmnium para responder a las responsabilidades civiles de los 14 encausados. Otro de los autos emitidos este martes por Llarena deja sin efecto la petición del Ministerio de Hacienda de elaborar un análisis de los documentos que entregó la Generalitat por la intervención de las cuentas del Govern, que Pedro Sánchez levantó cuando alcanzó la presidencia. Finalmente, Llarena rechaza la petición de Jordi Cuixart de omitir de la causa cierta documentación y diligencias relacionados con los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.