Al presidente de Andorra, Antoni Martí, se le complica la etapa final de su mandato por el llamado caso BPA. Las zonas oscuras de la caída de la entidad más pequeña del Principado se disiparán parcialmente por la evolución de la causa en EEUU.

En ese país, la defensa de los accionistas mayoritarios de la entidad transformada hoy en Vall Banc, los Cierco, ha conseguido avances clave que sustentan su relato sobre la existencia de una presunta mala praxis política que propició la acusación de blanqueo de capitales a nivel internacional. Es decir, el inicio de la caída y la posterior intervención del grupo y de su boyante filial española, Banco Madrid.

Desclasificación de documentos

La justicia de EEUU ha desclasificado parte de unos documentos de la entidad del Tesoro de ese país que controla el lavado de dinero internacional, el FinCen. Entre ellos han aparecido varios correos electrónicos que demuestran como personal de esta agencia intentaba contactar con las autoridades andorranas ocho meses antes de que emitiera su famosa Notice contra BPA para alertar sobre presuntas malas praxis bancarias.

¿Sólo se daban en esa entidad? No. Los documentos que se han hecho públicos apuntan a una crítica hacia toda la plaza financiera del Principado. En ese momento operaba como un paraíso fiscal, ya que no se había iniciado el proceso para normalizar las relaciones con el regulador europeo. Una transformación que culminará a finales de este año cuando entre en vigor el intercambio de información automática con todo el continente.

Advertencias en saco roto

Por lo que ganaría fuerza la tesis que apunta a que el Gobierno de Andorra habría dejado caer BPA, el banco más pequeño que estaría afectado por este tipo de prácticas que el FinCen consideraba ilícitas y que eran legales en ese momento en el país. Las advertencias del organismo americano cayeron en saco roto pero propiciaron un golpe de timón para la banca andorrana, que ahora está en pleno proceso de reconversión.

Los problemas de Martí y su Gobierno en EEUU no quedan allí. Un juez de distrito, Dabney L Friedrich, ha llamado a las partes implicadas en la causa que se instruye en el país para que amplíen sus respectivas justificaciones sobre si debe o no desclasificar más documentos. La defensa de los Cierco pide tener conocimiento de casi una veintena de comunicaciones que hizo el FinCen de forma interna, con otras agencias del Tesoro de ese país o con las autoridades andorranas y españolas.

Juicio en Andorra

La evolución de la causa americana, especialmente la dirección que toma ahora, tendrá incidencia en el juicio sobre la causa en Andorra. El Tribunal de Corts podría resolver la causa antes de finales de año. Fuentes de la judicatura del Principado señalaban que se apostaría por una decisión salomónica en la que ninguna de las partes en litigio, ni el Gobierno ni los Cierco, salieran beneficiados.

Sería la resolución ideal en un país pequeño con unas pocas familias de empresarios, pero con gran ascendencia sobre los órganos de poder. De hecho, todas ellas administran patrimonios destacados, por lo que el caso BPA ya ha generado tensiones. Son discrepancias y batallas internas que se apunta a que no benefician a nadie. Los mismos interlocutores defienden que la decisión judicial salomónica sería la menos mala, pero con la información que ha salido a la luz en EEUU la justicia andorrana tendría más difícil eludir ciertas responsabilidades.

Elecciones en el país

Todo ello se produce en el marco de un proceso preelectoral en Andorra. Los comicios se celebrarán como tarde a principios de marzo de 2019 y todos los partidos empiezan a mover piezas para conformar sus candidaturas.

Martí no puede presentarse a la reelección porque es su segundo mandato. Pero aunque el político se marcha, su partido, Demócratas por Andorra, quedaría muy tocado si se llega a demostrar cualquier responsabilidad directa, aunque fuera por omisión, de su hasta ahora líder. El caso BPA marcará el final del Ejecutivo del Principado.