La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado finalmente a los implicados del caso Pretoria. El primer gran caso de corrupción urbanística en Cataluña que implicó a dos de los hombres fuertes del Gobierno de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafreta, y salpicó al municipalismo del PSC. Ocho años y ocho meses después de que los principales acusados bajaran de una furgoneta con sus pertinencias en una bolsa de basura, el tribunal ha emitido una resolución en la que marca responsabilidades por los autores de operaciones ilícitas transcurridas entre 2002 y 2009 en Santa Coloma de Gramanet, San Andreu de Llavaneres y Badalona.

Los 11 acusados han recibido penas que van de los siete años al mes de prisión. La operación Pretoria ha perseguido los ingresos que todos ellos obtuvieron directamente o a través de intermediarios o testaferros. La Sección Segunda de dicha sala les acusa de delitos de tráficos de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Principales penas

El exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, alias Luigi, ha recibido la pena más alta. Ha sido condenado a siete años, 1 mes y 27 días de prisión, mientras que al exalcade de esta formación en Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, se le ha impuesto la pena de cinco años, ocho meses y 28 días de cárcel. Por su parte, exconcejal de Urbanismo de este municipio que también estuvo implicado en la causa, Manuel Dobarco, ha sido condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación.

Alavedra y Prenafeta han recibido castigos menores, ya que se les ha aplicado un atenuante por haber confesado y por las dilaciones indebidas. Cada uno de ellos deberá asumir un año, 11 meses y 27 días de prisión por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Tres operaciones

La resolución acuerda el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas. Reciben los nombres de Pallaresa, Niesma y Badalona y suman todas ellas 5.886.925,66 euros. Igualmente, acuerda el comiso de las dádivas recibidas por Bartomeu Muñoz, por 1.144.724,55 euros; las ganancias ilícitas obtenidas por Alavedra, que ascienden a 3.243.103,28 euros; y las de Prenafeta, que ingresó 5.193.170,01 euros.

A todos los acusados, los jueces les aplican la atenuante simple de dilaciones indebidas atendiendo a la duración del procedimiento, de ocho años y ocho meses hasta la fecha de la sentencia.

La información recabada

El Tribunal destaca la envergadura de la causa, un sumario que consta de sesenta tomos de actuaciones, ocho tomos de documental y 21 tomos de comisiones rogatorias internacionales. Además, incluye dos tomos de traducciones y amplia documentación que una vez analizada y digitalizada dio lugar a 137 tomos adicionales. Además, el rollo de Sala está formado por cinco tomos y otros seis más de documentación.

La sentencia, en sus hechos probados, relata cómo entre los años 2002 y 2009 en el área metropolitana de la provincia de Barcelona. Concretamente, en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona.  

Cobro de comisiones

Los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que en lugar de favorecer el interés público buscaban obtener elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones. No estaban “amparadas en otras actividades comerciales lícitas”, suponían “ganancias que ingresaron en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades ad ministradas o controladas de hecho por los mismos”.

Luigi está en el centro de las actuaciones sancionadas. Fue diputado socialista de 1980 a 1988 y en ese tiempo, según el tribunal, mantuvo fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario”. 

‘Luigi’, el ideólogo

Participó en las operaciones desarrolladas en las tres localidades mencionadas. Se da por sentado que fue el ideólogo y las lideró con el objetivo de seleccionar a los posibles inversores a los que ofertaba el plan de negocio. Favorecía posteriormente los cambios urbanísticos que propiciaban la operación y, a cambio, percibía contraprestaciones y comisiones.

“Tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”, concluye el Tribunal. Las mismas que le han llevado finalmente a la cárcel.