Pablo Llarena, el juez que investiga los hechos relacionados con el proceso independentista, ha dado dos días de plazo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 13 procesados para que abonen la fianza de 2,13 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. La suma está relacionada a la causa en las que están implicados por el delito de malversación de caudales públicos.
En una providencia de fecha del pasado 27 de junio, el magistrado instructor requiere a los procesados que aporten la cantidad de 2.135.948,6 euros fijada ya en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo.
Embargo de bienes
Este montante deberá ser pagado de forma solidaria entre Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila y Meritxell Serret.
El juez también advierte de que si en este plazo concedido los procesados no han pagado esta fianza "se procederá al embargo de bienes" en la cantidad que sea "suficiente" para cubrir lo reclamado. No podrá aportar la cantidad ningún fiador.
Para el referéndum del 1-O
La cuantía fijada, según el auto de procesamiento, es en base de los 1,6 millones de euros que el magistrado dice que se emplearon para sufragar el referéndum del 1-O. A este dinero se le añade un tercio más, tal como establece la ley para este tipo de fianzas. Esta cantidad podría ser superior, ya que la Guardia Civil todavía investiga el uso de dinero público para pagar la consulta y en los últimos informes apuntan que la cifra podría ascender a 3,2 millones.