Llega un nuevo choque. El juez Pablo Llarena ratificó este miércoles el procesamiento contra los responsables del 1-O, y en las próximas horas dictará la suspensión en el ejercicio de sus cargos de los investigados por el delito de rebelión. Se trata de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, que tienen la condición de diputados. Pero el bloque independentista tiene otros planes, y podría desobedecer la decisión de Llarena, con el argumento de que el Parlament tiene la última palabra porque se debe a su propio reglamento.

Será una cuestión de tiempo. El independentismo sabía que el auto de procesamiento de Llarena iba a llegar, y que eso implica, al ser investigados por el delito de rebelión, la renuncia a sus cargos. Se trata de siete diputados, aunque jurídicamente no está claro cómo afectará esa resolución del juez a Carles Puigdemont y Toni Comín, que se encuentran fuera de España y pendientes de procesos judiciales para ser investigados por la justicia española. Siete diputados que deberían ser relevados por otros candidatos, dentro de las listas de los grupos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. En caso contrario, el independentismo perdería su mayoría parlamentaria.

Los lazos amarillos

Pero, ¿cuál será el juego ahora? Los republicanos se avanzaron al asegurar que será el pleno del Parlament el que decida. Y que es el reglamento de la cámara el que marca cómo se decide la suspensión de un diputado. Sólo puede ser por mayoría absoluta en una votación en el pleno, y no por el Supremo, como planteará el juez Llarena en su interlocutoria. En el Parlament se mantienen los lazos amarillos, en los escaños que corresponden a los políticos que están encarcelados o fuera de España. Con la llegada de nuevos diputados, al correr la lista de los partidos, esos lazos desaparecían. 

“Debemos defender la soberanía del Parlament y en esto también es soberano. Le tocará decidir al pleno del Parlament y no dejaremos que nos lo imponga nadie desde fuera”, aseguró el portavoz parlamentario de ERC, Sergi Sabrià. Ahora bien, ¿desde el momento en el que lo dicte Llarena, qué hará el Parlament, cuándo convocará ese pleno y qué decidirá?

El juego independentista

Esa decisión, según fuentes independentistas, tendrá relación con el diálogo que se pueda establecer con el Gobierno español, con todo pendiente de la entrevista entre Pedro Sánchez y el presidente Quim Torra que se celebrará el 9 de julio en la Moncloa.

El independentismo mantiene la tensión. No quiere traspasar líneas rojas, y limita sus diferencias a la retórica y a la política de gestos. Torra reclamó, desde Estados Unidos, donde se encuentra en una gira de carácter cultural, un referéndum pactado con el Gobierno, y aseguró que se lo planteará a Sánchez en la entrevista. Sabe que es un territorio que no quiere explorar el Ejecutivo socialista, pero supone mantener viva la presión del independentismo.

Vía institucional o no

En los próximos días los partidos independentistas deberán tomar decisiones para entrar o no en una vía institucional, marcada por el diálogo, como ofrece el Gobierno español. Sin embargo, todo podría comenzar a truncarse con una votación del Parlament contraria a la suspensión como diputados de los políticos presos. Eso, al margen de la legalidad de la decisión, con dudas entre los expertos jurídicos sobre la prevalencia o no de una interlocutoria de un juez.

La ley de enjuiciamiento criminal abre la puerta a la suspensión de los cargos públicos cuando el procesamiento por el delito de rebelión sea firme, como es el caso, desde el auto de procesamiento del juez Llarena.