Puigdemont, Junqueras y Sànchez, a un paso de la inhabilitación

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión de 15 de los investigados en la causa sobre el procés de Cataluña, una decisión que abre paso a la posible suspensión como cargos públicos de los siete diputados que están en la cárcel o sobre los que se ha dictado orden de prisión.

Así lo establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que cuando se dicte un auto de procesamiento firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Depende de Llarena

En cualquier caso, no es una medida que se aplique de forma automática, sino que la debe acordar de forma razonada el juez que está instruyendo la causa en el Supremo, Pablo Llarena, han informado fuentes jurídicas.

De los siete diputados autonómicos afectados, cinco están en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez) y otros dos están huidos (Carles Puigdemont y Antoni Comín), pero sobre ellos pesa orden de ingreso en prisión, como establece la ley. Si Llarena así lo decide, serán suspendidos de sus cargos como representantes en la cámara autonómica tras la confirmación de su procesamiento por rebelión, aunque no tendrán que dejar el escaño.