Los acusados de atacar el coche de Montoro dicen que el vehículo se abalanzó sobre ellos

Fueron los coches de Cristóbal Montoro y Alicia Sánchez-Camacho los que se abalanzaron sobre los manifestantes, y no los manifestantes los que atacaron los vehículos. Esta es la versión de los nueve acusados por participar en desórdenes públicos contra el PP en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) durante la campaña electoral de 2014, una suerte de escrache que los presuntos implicados califican de concentración pacífica y cívica.

Los nueve acusados han negado que lanzasen objetos y propinasen golpes contra los coches de los entonces ministro de Hacienda y líder del PPC o de la policía, como tampoco gritaron, según ellos, consignas violentas o amenazantes (“hijos de puta, cabrones, os vamos a matar”, entre otros). A fin de cuentas, insisten en que era una expresión pacífica de libertad. Y así lo han trasmitido en la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona, que enjuicia los altercados.

Diferentes castigos

Según la Fiscalía, unas 50 personas trataron de “frustrar la celebración del acto de campaña electoral” al Parlamento Europeo en Vilanova y “amedrentar” a los asistentes. Pero fue un pequeño grupo, de unas nueve personas (las ahora acusadas), el que insultó a la comitiva y lanzó contra ella “objetos contundentes como piedras, botellas o latas”, según el ministerio público. Además, pusieron macetas en un tramo de la calle para que los coches se desplazasen por donde estaban los manifestantes.

Con todo ello, la Fiscalía pide cuatro años de prisión para cinco acusados por los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, además de 200 euros de multas por daños para dos de ellos. Para un sexto procesado, el ministerio público eleva su petición a ocho años de cárcel y 800 euros, ya que golpeó a un agente de los Mossos d’Esquadra.

Un condenado

Mientras, pide el archivo de la causa contra otros tres, ya que no queda acreditada su participación. Sin embargo, la acusación particular, que representa a un agente de la Policía Local, pide penas de multas para los tres y 11 meses de cárcel para uno de ellos por los disturbios.

La defensa de los acusados reclama su libertad, ya que la marcha fue pacífica contra las políticas del PP y porque con el juicio se vulnera la libertad de expresión de los procesados. Cabe recordar que por este caso ya fue condenado un menor a ocho fines de semana de arresto domiciliario y el pago de una indemnización.