Abuso de las subvenciones a dedo, falta de justificación y, sobre todo, fracaso en los intentos de racionalizar la administración catalana. Estas son algunas de las conclusiones contenidas en el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural (OAIC) en 2015 y 2016. Según este órgano fiscalizador, este organismo concedió durante esos dos años un total de 265 subvenciones sin concurso público, siendo las entidades las afines al procés las más favorecidas
Durante ese período, la consejería de Cultura tuvo como titulares, sucesivamente, a Ferran Mascarell y Santi Vila.
Racionalizar las administraciones
La Oficina se constituyó en 2012, fecha en la que Artur Mas presidía la Generalitat, con la finalidad de concentrar las iniciativas de apoyo y fomento del departamento de Cultura y de las entidades adscritas. En base a la ley de reestructuración del sector público, cuya finalidad era racionalizar las administraciones públicas, la OAIC debía sustituir al Instituto Catalán de Empresas Culturales en la gestión de las ayudas. Se establecía un período de transición de dos años, pero el Govern lo ha ido prorrogando, por lo que esa duplicidad que se pretendía eliminar se mantendrá hasta 2019, según explica la propia Oficina en sus alegaciones al informe del Síndic.
Subvenciones otorgadas por la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural en 2015 y 2016 / SINDICATURA DE COMPTES
Durante los ejercicios fiscalizados, la presidencia de la OAIC estuvo ejercida por Pilar Pifarré (hasta el 13 de enero de 2016) y entre sus vocales figuraban el exconsejero de Cultura Lluís Puig, hoy fugado en Bruselas, y su sucesora al frente del departamento, Laura Borràs. El primero lo era en calidad de director general de Cultura Popular, Asociacionismo y Acción Cultural y la segunda, como representante de la Institució de les Lletres Catalanes.
Procedimiento excepcional
Durante esos dos años, la OSIC otorgó ayudas por un valor total de 71,6 millones de euros, de los cuales 35,5 millones correspondieron a subvenciones en régimen de concurrencia, es decir, mediante concurso público; otros 18,2 millones a subvenciones excluidas de concurrencia (directamente) y 17,8 millones, a subvenciones nominativas (las que están incluidas en los presupuestos).
La Sindicatura llama la atención respecto al alto volumen de contratos otorgados a dedo pues, recuerda este organismo fiscalizador, “el procedimiento preferente de concesión de subvenciones es la concurrencia competitiva y solo la excepcionalidad justifica la concesión de subvenciones excluidas de concurrencia, que debe ser motivada”.
Así, la OSIC otorgó 124 subvenciones a dedo en 2015 y 141 en 2016, por 5,69 millones y 12,5 millones, respectivamente. La Sindicatura destaca el considerable aumento de las subvenciones son concurrencia de un año para otro, aunque precisa que algunas partidas son plurianuales. No obstante, detalla toda una serie de irregularidades en la concesión de las partidas: prórrogas de partidas no justificadas, ausencia de un plan estratégico de subvenciones, aumento del presupuesto hasta un 10% sin justificar, o falta de motivación de las puntuaciones otorgadas, entre otras.
En este sentido, reprocha a la Oficina que, en los concursos públicos, no se deje constancia en los expedientes de “los aspectos concretos que se han valorado en aplicación de los criterios de valoración, contraviniendo las bases generales de las convocatorias”, así como el acuerdo del Govern, que así lo contempla también.
La ONG del catalán
La entidad más beneficiada por esas ayudas concedidas a dedo es Plataforma per la Llengua, una especie de ONG del catalán muy activa en el proceso independentistas que, solo en 2016, se embolsó 1,8 millones sin pasar por concurso, con la finalidad de realizar actividades de extensión del uso social de la lengua catalana entre 2016 y 2018. “Si el departamento de Cultura quiere dar un trato diferenciado a esta entidad debería justificarlos adecuadamente en el expediente y la subvención se debería incluir como nominativa en los presupuestos de la Generalitat”.
Destaca, asimismo, los 816.288 otorgados al Obispado de Vic, que en opinión de la Sindicatura, se deberían haber adjudicado mediante concurrencia pública o de forma nominal. Este obispado se ha significado mucho en la causa separatista y, a finales de 2017, emitió un comunicado en el que criticaba los “juicios políticos” y la aplicación del artículo 155.