Entre las primera medidas aprobadas por el nuevo Govern figura una inyección de capital en TV3 con la finalidad de saldar con el Ministerio de Hacienda el pago del IVA. Una medida reclamada desde hace tiempo por los trabajadores de la televisión catalana, en el marco de sus reivindicaciones sobre una mejor financiación de la cadena. Sin embargo, la partida ha provocado una pelea en el ala oeste del Palau de la Generalitat entre los responsables de comunicación de PDeCAT y ERC. El motivo es el intento de capitalizar esas ayudas por parte de los convergentes, a pesar de que fueron los republicanos los que, el pasado marzo, aprobaron tanto una partida ordinaria de 231.000 euros como la extraordinaria, de 20,4 millones.
Las negociaciones de los socios de gobierno sobre el organigrama de comunicación han provocado que, tanto en la anterior legislatura, como en esta, se haya optado por un cruce de cargos de ambos partidos –llamado cremallera— para evitar que el control de la propaganda del Govern estuviera en manos de uno solo de los socios.
Cruce de cargos
Así, la secretaría de Comunicación estuvo durante el mandato anterior, es decir, bajo la presidencia de Carles Puigdemont, en manos de Miquel Gamisans (ERC). Esta secretaría es la responsable de las relaciones con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) a través de la Dirección General de Medios, cargo ejercido entonces por Jordi del Río (ERC), quien firmó esas partidas destinadas al pago del citado impuesto.
Sin embargo, el titular de la secretaría de Comunicación es ahora Antoni Molons, mientras que la citada Dirección General es ejercida por Ignasi Genovés. Ambos dependen de Presidencia (PDeCAT). De ahí que fueran los convergentes quienes realizaran el anuncio oficial.
La firma de Madí
Gamisans y Del Río son ahora secretario de Difusión y Atención Ciudadana y director general de Difusión, respectivamente, y están asignados al Departamento de Vicepresidencia (ERC).
La separación de ambos negociados sublevó a la vieja Convergència, que había diseñado el ámbito comunicativo de Presidencia siguiendo instrucciones de David Madí, máximo hombre de confianza de Artur Mas, hoy dedicado a la empresa privada.
Los trabajadores quieren estabilidad
El cambio de criterio en el cálculo del IVA, efectuado en noviembre del 2017 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, impidió a las televisiones autonómicas deducir este impuesto debido a las subvenciones públicas recibidas.
Los trabajadores de TV3 han aplaudido la partida del Govern, pero exigen que, de una vez por todas, se apruebe "un contrato-programa con un presupuesto suficiente y estable". "No podemos estar siempre en una situación de incertidumbre", según explican a Crónica Global fuentes del comité de empresa. Añaden que, una vez resuelto el tema del IVA, “es necesario reabrir la corresponsalía en América Latina y readmitir al periodista Joan Biosca, quien tenía un contrato mercantil desde hace 15 años”.