El Tribunal de Cuentas detectó en 2015 posibles infracciones en la contabilidad de varios partidos. Se trata de Ciudadanos, el PNV, Convergència (CDC), Izquierda Unida (IU), EH Bildu, Unió Democràtica y UPyD, que aparecen en un informe de 2015 en el que se negó la conformidad del organismo con las cuentas de las formaciones y se abrió un expediente sancionador.
Del partido de Albert Rivera se cuestiona la procedencia de 14.371,16 euros, que supuestamente habrían sido computados como donaciones en especie. Se trata de facturas electorales, que habrían sido abonadas por terceras personas pero se emitieron con el nombre del partido. El Tribunal de Cuentas también señala que se desconoce la identidad de los donantes por facturas de un valor de 2.036,74 euros.
Cs asegura que ya ha respondido a los requerimientos del Tribunal de Cuentas en relación a la financiación del partido. A través de un comunicado emitido tras conocerse el informe, afirma que, a diferencia del PP y del PSOE, ha presentado “todas sus finanzas detalladas”. En este caso, explican que fueron candidatos que pusieron de su bolsillo dinero para cubrir la campaña de las elecciones municipales de 2015.
Auditoría o control interno
Otro de los problemas que ha encontrado el organismo en las formaciones es la falta de un sistema de auditoría o control interno. Es el caso de CDC y su antiguo socio Unió. También se ha iniciado un proceso sancionador por este motivo contra IU y varias marcas de Bildu, entre las que se encuentra Amaiur (la coalición independentista vasca que concurrió a las elecciones generales de 2011).
Además, tanto Convergència, como Unió y el partido de Alberto Garzón percibieron supuestamente donaciones que no cumplían con los requisitos de la ley de financiación de partidos o que superaban los límites establecidos. En concreto, se detallan donaciones de un millón de euros para UDC, de 300.000 euros para IU y de 240 euros de CDC.
Decisión final
También vulnera la ley de financiación de partidos que una formación participe en sociedades mercantiles. Esto es lo que ocurrió con el PNV, de forma indirecta, según el informe del Tribunal de Cuentas. Finalmente, UPyD se negó a colaborar con el organismo en 2015, cuando ya no tenía representación parlamentaria.
La decisión final sobre las posibles sanciones la tendrá el Pleno del Tribunal de Cuentas. Será después de un periodo probatorio si lo solicitan los partidos o el instructor. Éste propondrá una resolución al pleno, que se ocupará de confirmar una sanción o la absolución.