El procés ha provocado que las políticas sociales del Govern hayan quedado relegadas a un segundo plano. El PSC ha hecho recuento y, junto a las competencias propias de la administración catalana, reclama al nuevo Gobierno de Sánchez implicación en materias como la cofinanciación de la dependencia, el control del flujo de menores extranjeros o el mantenimiento de ayudas complementarias a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Dependencia
Importante por la situación actual y por el nuevo Gobierno socialista. El problema fundamental en Cataluña viene de la financiación del Estado. En los últimos presupuestos generales del Estado, se han aumentado las partidas en 46 millones de euros, pero no soluciona las listas de espera. Cada vez que se aumenta partida del Estado, las autonomías deben subir su parte destinada a dependencia.
En 2009, el Estado pagaba el 53% y la autonomía 46%. Ahora, dos de cada tres euros lo pone el Estado. Cataluña tiene la lista de espera más grande. Hay 305.000 personas a las que se ha reconocido la dependencia, de las cuales hay 85.000 en lista de espera. Uno de cada tres dependientes en España son catalanes.
“No se ha hecho cambios en las tramitaciones para solucionarlo en Cataluña, algo que no pasa en Castilla y León o Valencia. Son los ayuntamientos los que tramitan y los plazos se acortan entre dos y tres meses”, explica el diputado del PSC Raúl Moreno, responsable de políticas sociales del grupo parlamentario socialista. La mayoría de las familias quieren que los cuidados se hagan en casa, por eso el PSC quiere que los cuidadores puedan acceder a la Seguridad Social y se genere también puestos de trabajo. De esta forma también se baja la presión residencial. “El problema de atención a la tercera edad no se soluciona con más plazas”, ha avisado.
Tercera edad
Se eliminaron las actividades gratuitas en las residencias. En muchos casals se han convertido en actividades de pago. Algunos ayuntamientos contribuyen. PSC ha hecho propuesta de resolución en el Parlament y los ayuntamientos han presentado mociones. El Parlament aprobó en junio del año pasado que el Govern debía publicar las listas de espera para entrar en una residencia, pero no se ha hecho. Se calcula que ascienden a 3 o 4 años en el área metropolitana.
Los diputados del PSC Raúl Moreno y Beatriz Silva informan de la situación de menores extranjeros no acompañados / CG
Los diputados del PSC Raúñ Moreno y Beatriz Silva
“El problema del ámbito social es que no tenemos datos, no hay un sistema que se pueda analizar”, denuncia el diputado del PSC. Tampoco se ha aprobado la ley de la tercera edad, pues el primer borrador debía estar aprobado en el primer semestre de de 2017. El PSC valora redactarla. Se inspira en la ley de Andalucía, donde se habla de transporte, residencia, asistencia etc. Plan Integral de seguridad de la tercera edad, muy bien hecho, pero que no se ha desarrollado (2015-2018). Solo se puso en marcha el teléfono de atención a la tercera edad. “Hay que decir que la predisposición de los Mossos d’Esquadra”, precisa el socialista.
Renta Garantizada de Ciudadanía
Se han registrado un total de 32.000 peticiones, de las que 20.000 han sido valoradas y solo 999 aprobadas, un 5%. “Se está haciendo una valoración restrictiva de la ley”, entiende Raúl Moreno. Los motivos son diversos. Gobierno y Generalitat estudian cómo complementar las ayudas, las que da el Estado por no tener ingresos y la RGC. El caso más problemático es el de las mujeres maltratadas y los sintecho, porque tienen una ayuda residencial y es incompatible con la RGC –estas personas sí cobraban el PIRMI--. Por eso, el PSC ha pedido una modificación de la ley que fue aprobada el verano pasado.
El PSC cree que un total de 50.000 personas podrían beneficiarse de la RGC.
Discapacidad
Los alumnos sordos solo tienen 15 horas con intérprete a la semana, lo cual el rendimiento escolar es más bajo. La ley catalana contempla que todas las clases se hagan con intérprete. El PSC, asimismo, también ha presentado una propuesta de resolución para facilitar una tarjeta cultural con bonificaciones para los acompañantes de los discapacitados.
El Gobierno destina 341 millones de euros para políticas activas de trabajo en Cataluña, una parte va para discapacitados. Las órdenes de pago van con mucho retraso, lo que asfixia a los centros especiales de trabajo más pequeños. Cataluña está a la cola de la inserción laboral de discapacitados.
Infancia
Cataluña, a la cola en inversión en políticas de infancia, solo un 0,8% del PIB (España destina un 1,3%, Europa un 2,4%), no se desarrolla la ley de infancia desde 2010. “En campaña, todos los partidos políticos lo prometen, pero cuando llega la hora de hacer los presupuestos catalanes, no se aplica”, explica la diputada del PSC Beatriz Silva, responsable de esta materia en el grupo parlamentario. El presupuesto en prevención es muy bajo, se otorgan a los centros abiertos, que son competencia de los ayuntamientos y cuyas plazas se conciertan con la Generalitat. Pero están congeladas. “Como no se hace prevención, los casos de menores en riesgo de exclusión aumentan”, avisa Silva, quien ya denunció que existe más de mil menores que viven en la calle que escapan al control de la Generalitat.
A Cataluña llegan al mes 200 menores procedentes principalmente del Magreb. “Hemos tenido un Gobierno del PP que no ha abordado este tema con el Marruecos”, explica Moreno. Está previsto que en dos meses, se celebre una reunión específica del PSOE para abordar la situación de los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados).