El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el procés, ha avisado a la Fiscalía alemana que la petición de extradición de Carles Puigdemont cumple con los requisitos establecidos por la euroorden. El magistrado explica a través de una carta que el auto de procesamiento es equiparable a una orden de detención en territorio nacional.
De esta forma, quiere anticiparse a que ocurra lo mismo que pasó el miércoles con Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, para los que el fiscal de Bruselas rechazó la entrega al considerar que la euroorden tenía un error de forma. El problema que vio el ministerio público belga era que el Supremo no había emitido una orden de detención en territorio nacional, requisito previo a la euroorden. Con esto, quiere "evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error".
Confianza recíproca
En la misiva, Llarena menciona la decisión del fiscal belga sobre los exconsejeros de Salud, Agricultura y Cultura, y asegura que el Supremo informó de que el auto de procesamiento era equiparable a la orden de detención. También considera que valorar la naturaleza de las resoluciones del ordenamiento español es contrario al principio de confianza recíproca.
El juez considera que el auto de procesamiento, que incluye los delitos de los que se acusa al expresidente de la Generalitat --rebelión y malversación de fondos públicos-- es la "resolución ejecutiva respecto de la prisión provisional de Puigdemont". Por tanto, añade, el líder de Junts per Catalunya sería detenido en caso de que entrara en España.
Orden de detención u otra resolución
De hecho, la normativa europea sobre las extradiciones entre Estados miembro indica que el país que reclama al ciudadano debe haber dictado una orden de detención en su territorio antes. Sin embargo, también contempla "una sentencia firme" o "cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza". Según Llarena, el auto de procesamiento tendría que ser suficiente.