La intervención de Quim Torra en la sesión de investidura en el Parlament ha dejado muchas dudas entre distintos profesionales del mundo del derecho y la ciencia política, juristas y abogados, también entre historiadores y economistas. Y un centenar de ellos han suscrito una carta enviada a Mariano Rajoy en la que le piden que tome medidas contra el ya nuevo presidente de la Generalitat para impedir que pueda ejercer el cargo.

Entre los primeros firmantes del documento, en el que se suscribe la petición, figura Rafael Arenas, catedrático de derecho internacional; Francesc de Carreras, catedrático de derecho constitucional; Montserrat Baras, profesora titular de ciencia política; Joaquim Molins, catedrático de ciencia política; Teresa Freixes, catedrática de derecho constitucional; Ana Losada, activista por una escuela neutral; Ana María Magaldi, fiscal; Francesc Jufresa, abogado penalista; Joaquim Coll, historiador o Francisco Javier Béjar, abogado.

Declaración de independencia

Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se le pide el “amparo del Gobierno y de la Administración española ante la situación generada en Cataluña como consecuencia de la designación del Sr. Joaquim Torra i Pla como Presidente de la Generalitat”.

El argumento central es que Torra, en su discurso del pasado 12 de mayo en el Parlament indicó “que su acción de gobierno se basaría en la ‘lealtad al mandato del 1 de octubre’ y en construir un Estado independiente en forma de República. Tal y como puede comprobarse de su discurso y demás intervenciones tanto el día 12 de mayo como el 14 de mayo, su propósito expreso manifestado de manera solemne ante la Cámara es el de construir la República Catalana y continuar con el proceso de secesión que incluyó el referéndum del 1 de octubre y la ‘declaración política de independencia”.

Sentencias del TC

Lo que estos juristas, abogados y distintos profesionales señalan es que Torra, con ese discurso, presentó “un programa que implica la derogación de facto de la Constitución en Cataluña y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y fue con ese programa con el que obtuvo la confianza de la Cámara”.

Con ello, se entiende que “el contenido de todas sus intervenciones implica ya no un acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, sino una expresa manifestación de desobediencia”. En el escrito enviado a Rajoy se refieren sentencias del Tribunal Constitucional, como la de 2 de diciembre de 2015, en la que se constata que “como consecuencia recae sobre los titulares de cargos públicos un cualificado deber de acatamiento a dicha norma fundamental (la Constitución), que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico”.

Acatamiento a la Constitución

Los firmantes aseguran que “repugna a la seguridad jurídica que los ciudadanos podamos estar sometidos a un poder público que se sitúa al margen de la ley”.

Y, por ello, se pide a Rajoy que “ejerza las funciones constitucionales que tiene atribuidas a fin de proteger el orden constitucional en Cataluña y la seguridad jurídica de sus ciudadanos y adopte las medidas necesarias para que el Sr. Torra i Pla, habiendo defendido el programa de gobierno que presentó los días 12 y 14 de mayo ante el Parlament de Cataluña, no pueda ejercer de manera efectiva el cargo de Presidente de la Generalitat de Cataluña, con todas las funciones inherentes a dicho cargo; al menos en tanto en cuanto no manifieste de manera clara e inequívoca aquello a lo que constitucionalmente está obligado: su acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.