![Artur Mas, expresidente de la Generalitat, a quien el fiscal del Tribunal de Cuentas atribuye el pago del 9N con dinero público / EFE](https://a1.elespanol.com/cronicaglobal/2015/01/22/politica/politica_5261112_4195782_1024x576.jpg)
Artur Mas, expresidente de la Generalitat, a quien el fiscal del Tribunal de Cuentas atribuye el pago del 9N con dinero público / EFE
El fiscal del Tribunal de Cuentas prueba que Mas destinó 5 millones públicos al 9N
Parte del dinero usado para cubrir los costes de la consulta provenía del Fondo de Liquidez Autonómica
9 mayo, 2018 11:03El fiscal del Tribunal de Cuentas certifica que Artur Mas gastó dinero público para pagar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. En concreto, el último informe de Miguel Ángel Torres indica que el expresidente usó 4,99 millones de euros de las arcas públicas a la votación que el Tribunal Constitucional había suspendido.
El Mundo publica este miércoles los detalles del escrito, que incluye varias partidas “sin cobertura legal” con las que se cubrieron gastos del 9N. Los fondos no sólo provenían de la Generalitat, sino también del Gobierno. De hecho, la primera de las facturas, de 11.785,78 euros, es sobre la campaña de publicidad y, según el texto del fiscal, fue pagada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Mas, Homs, Ortega y Rigau
La responsabilidad directa de estos pagos se los atribuye al entonces presidente, Artur Mas. Sin embargo, también apunta algunos colaboradores suyos, como Francesc Homs –exconsejero de Presidencia–, Joana Ortega –antigua vicepresidenta del Govern– e Irene Rigau –la entonces consejera de Enseñanza–. El fiscal cree que el Tribunal de Cuentas debería condenarlos a devolver el dinero con intereses.
De esta forma, solicita que se convierta en definitivo el embargo de sus bienes y que devuelvan 5,27 millones. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ya abonó 2,9 millones como fianza, mientras que el resto corresponde a los inmuebles embargados. Sin embargo, no se trata de un proceso penal, por lo que su única función es la de reclamar el dinero.
Los cuatro fueron inhabilitados por delitos de desobediencia al impulsar la celebración de la consulta pero absueltos de prevaricación. En el caso de Artur Mas, no puede ocupar un cargo público en dos años, mientras que el resto no podrán hacerlo durante un año y medio.