“Cutre, muy cutre”. Así calificó Elisenda Alamany, portavoz de Catalunya en Comú, el veto independentista a la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a periodistas y políticos constitucionalistas por parte del Govern. Un veto que se producía minutos antes de que comenzara el pleno del Parlament, pues gracias a la mayoría formada por Junts per Catalunya, ERC y CUP, la constitución de esta comisión se retiró del orden del día.
¿Qué ocultan los independentistas? Pues una trama que toda la oposición –los comunes, PP, Ciudadanos y PSC, grupo que propuso la iniciativa— intenta esclarecer, consistente en hacer seguimientos, interceptar comunicaciones (orales, telefónicas e informáticas) y practicar escuchas a políticos y periodistas no afines con el procés. Unos seguimientos sistemáticos y prolongados cuya finalidad era conocer los movimientos y contactos de estas personas.
El informe del ministerio
Los Mossos d’Esquadra serían los responsables de ese espionaje, que es objeto de una investigación judicial por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos. Esta es la excusa que las formaciones independentistas dieron ayer, basada en un informe enviado a la Mesa del Parlament por el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez, que ejerce de secretario en funciones de la Consejería de Interior en aplicación del artículo 155.
Este informe aconsejaba aplazar la creación de la comisión por tratarse de temas sub júdice. Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de estos órganos parlamentarios se ha celebrado en paralelo a diligencias judiciales –caso Pujol, atentados yihadistas, derrumbe del Carmel--, pero los secesionistas han visto la gran oportunidad de impedir que se aireen estos asuntos.
A punto de destruir documentos
De hecho, el pasado 26 de octubre, varias furgonetas de los Mossos fueron interceptadas por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando se dirigían a destruir la documentación comprometida en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
Además de los Mossos, habrían ofrecido apoyo logístico en esos seguimientos el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat). Este último centro está considerado como el embrión del futuro CNI catalán.
Comparecencias
Los grupos parlamentarios que apoyaban la creación de esa comisión pretendían arrojar luz sobre la identidad de los responsables de ese espionaje, así como determinar los casos concretos en que políticos, sindicalistas, periodistas y otros cuerpos de seguridad e información del Estado fueron sometidos a seguimientos. En concreto, se pretendía averiguar quién estaba al mando de esas escuchas y conocer las empresas de seguridad contratadas. Y averiguar la posible existencia de listas o ficheros de carácter personal en poder de los Mossos.
El análisis de la documentación interceptada en la incineradora era uno de los ejes de esa comisión de investigación, por la que tendrían que desfilar los máximos responsables de Interior y de los Mossos entre 2011 y 2017 --es decir, durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont--, así como los del Departamento de Presidencia durante esos años en el ámbito de las telecomunicaciones, la ciberseguridad y la sociedad digital.
Entre los nombres de las víctimas de esos espionajes que han trascendido figuran el periodista Albert Castillón y el abogado José María Fuster-Fabra, que ha defendido a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.