El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha garantizado que el nuevo Govern no podrá reabrir el Diplocat ni tampoco podrá "gastar dinero público con finalidades ilegales", y ha advertido de que, si fuese necesario, se aplicaría el artículo 155 "focalizadamente, con una cirugía más fina", aunque "no es el objetivo".



En declaraciones a Efe, Millo ha destacado que el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, creado por el Govern de Artur Mas y potenciado durante la fase culminante del proceso independentista bajo el mandato de Carles Puigdemont, tenía "una importancia muy relevante porque respondía a un objetivo muy perverso, que era la 'internacionalización del conflicto'".



El Gobierno de la Generalitat, ha dicho, pretendía "generar un conflicto suficientemente grande como para que, una vez se produjese la colisión con el Estado, tuviese una repercusión internacional", e invirtió "mucho dinero público" en un objetivo "fuera de la ley".

La liquidación de Diplocat

Una de las medidas puestas en marcha con la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue crear un "órgano liquidador" del Diplocat, que finalmente ha quedado desmantelado este mes de abril.



Millo ha asegurado que "se puede garantizar que esto no volverá a pasar": "El Estado de derecho ha demostrado que tiene respuesta para cuando esto pasa. Cuando alguien lo ataca, se defiende con contundencia. Quiero pensar que no volverá a haber la tentación de un nuevo Govern de emprender acciones en el mismo sentido. Pero si esto pasa, la reacción será exactamente la misma", ha añadido.



"No es que la Generalitat de Cataluña no pueda tener relaciones exteriores, todas las comunidades autónomas las tienen, pero son de carácter legal y con finalidades constitucionales, para dinamizar la economía, para favorecer las exportaciones, para atraer inversiones extranjeras", ha argumentado.

Choque con la legalidad

Millo ha subrayado que, en el futuro, "el artículo 155 de la Constitución se puede aplicar de muchas maneras" si fuese necesario para frenar decisiones del Govern que choquen con la legalidad.



"Para volver a aplicar este artículo no hay que volver a cesar a todo el mundo, se puede aplicar focalizadamente, con una cirugía más fina, en función de las necesidades que haya", ha señalado, antes de añadir: "No es nuestro objetivo, pero no se puede descartar".

Dos líneas rojas

Según el delegado del Gobierno en Cataluña, "hay dos cosas muy importantes que no volverán a pasar". La primera es que "no se emprenderán proyectos desde la Generalitat que tengan como finalidad romper con la legalidad democrática vigente, porque el nuevo Govern ya sabe qué consecuencias eso lleva y sería absurdo volver a emprender el mismo camino, que se ha demostrado que es un callejón sin salida".

Y la segunda es que "no se volverá a gastar dinero público con finalidades ilegales, porque las medidas de control planteadas para garantizar que la tesorería de la Generalitat se dedica a lo que se debe dedicar son anteriores a la aplicación de artículo 155", y se seguirán aplicando "mientras se considere necesario".



"Se levantarán cuando el funcionamiento diario de las finanzas de la Generalitat demuestre que se puede recuperar toda la confianza en la responsabilidad de los gestores. Es una decisión que tomará en su momento el Ministerio de Hacienda", ha recalcado