El Senado ha decidido renovar su parque móvil y reducir un 44% el número de vehículos de los que dispone: de 27 a 18 coches, que estarán disponibles para cargos públicos e incidencias de la institución. Los actuales vehículos, que son de 2001 y de 2006, superan en algunos casos los 450.000 kilómetros.
La Cámara Alta ha decidido abrir un concurso público para actualizar la flota y ha tomado dos decisiones respecto a los anteriores. Por un lado, limitar el número de coches con los que contará a partir de este concurso y quedarse con 18, que estarán a disposición de los siete miembros de la Mesa y de los portavoces de los grupos parlamentarios que quieran usarlos. También servirán para atender incidencias y para cuestiones de seguridad.
Optan por el 'renting'
Por otro lado, el Senado ha optado esta vez por no comprar coches nuevos, sino por recurrir al sistema de 'renting', una fórmula de alquiler mensual que, según la institución, va a evitar un desembolso inicial de unos 800.000 euros para la adquisición de los vehículos y el pago anula de seguros, mantenimiento, reparaciones e impuestos.
La duración del contrato nuevo será de cuatro años y la Cámara propone pagar por cada coche una cuota máxima mensual de 700 a 900 euros al mes. Se exige además que todos los vehículos tengan certificación ECO o de cero emisiones, de acuerdo con el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico.
Podemos y ERC renuncian al coche oficial
El Senado cuenta en este momento con trece coches del año 2001, que suman de 170.000 a los 470.000 kilómetros, y otros catorce del año 2006, con kilometrajes que oscilan entre los 50.000 y los 390.000, por lo que la institución ha considerado imprescindible actualizar el parque móvil.
La cifra de 18 coches se ha considerado el mínimo imprescindible para estar a disposición, por un lado, de la presidencia del Senado, pero también del resto de miembros la Mesa (otros seis senadores de PP, PSOE y PNV) y los portavoces de los siete grupos parlamentarios, aunque no todos estos emplean el coche oficial. Este es el caso de los senadores de Unidos Podemos y ERC, que han renunciado a este servicio.