El PNV ha dejado de lado el compromiso de no apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 mientras se mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Y lo ha hecho en el convencimiento de que la excepcionalidad política en Cataluña es tan atribuible al Gobierno central como a Carles Puigdemont.

Los cinco diputados vasos se van a pronunciar hoy contra las seis enmiendas a la totalidad presentadas por otros tantos grupos parlamentarios el Congreso. De hecho, el anuncio del viernes pasado de que no presentarían enmiendas daba a entender que el PNV mantendría el apoyo al PP que ya le dio con las cuentas de 2017. Con aquel acuerdo consiguieron reducir el cupo vasco en 1.400 millones de euros y aumentar las inversiones en ferrocarril.

Empate técnico

Si hoy nadie se equivoca en el manejo del panel de votaciones, 175 diputados votarán contra las enmiendas y otros 175 las apoyarán. Según el reglamento, si el empate se produce tres veces, las enmiendas decaen.

El trámite se prolongará más allá del 22 de mayo, lo que permitirá que mientras tanto haya un Gobierno efectivo en Cataluña. Ese día finaliza el plazo para constituir un Ejecutivo según la correlación de fuerzas salida de las elecciones del 21D. De no haber Gobierno, se convocarían nuevos comicios para el 15 de julio.

Un apuro para Ciudadanos

El acuerdo alcanzado por el Gobierno y los nacionalistas vascos, cerrado al parecer el martes por Mariano Rajoy y Andoni Ortuzar, presidente del PNV, cogió por sorpresa a todo el arco parlamentario, especialmente a Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera había comprometido su apoyo a unos Presupuestos que apenas mejoraban las pensiones, mientras que el PNV ha conseguido prácticamente todo lo que pedían los manifestantes que han estado llenando las calles de distintas ciudades españolas reclamando pensiones dignas.

El secretario general de Cs no ha tenido más remedio que poner buena cara, felicitarse y preguntar sólo de dónde saldrán los recursos, puesto que el partido se opondría a que ese gasto se nutra de nuevos impuestos. José María Álvarez, secretario general de UGT, ha reaccionado de una forma similar y ha atribuido la subida a las movilizaciones populares.