El abogado del Estado ha explicado que considera “acreditada y obvia” la “utilización de fondos públicos para promover y organizar el ilegal referéndum” del 1-O. Así lo ha comunicado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, y agrega que la estrategia ha sido el empleo de “partidas presupuestarias ocultas” para que el desvío de fondos pase inadvertido. Entre esas partidas, se encuentran los sobresueldos destinados a cargos relacionados al procés.
En un informe, la Abogacía del Estado de Barcelona considera un hecho consumado el delito de malversación de caudales públicos por lo que desmiente de forma consistente al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Dudosos aumentos de sueldo
Según publica El Mundo, el informe pone en duda algunos argumentos del ministro como esgrimir como aval que la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha certificado que no se utilizó dinero público.
Durante los últimos meses el secretario de Estado de Haciendo, José Enrique Fernández Moya, ha dado aviso a Rosa Vidal, sobre los incrementos salariales de algunos cargos relacionados al proceso independentista. Entre los beneficiados por las subidas de sueldos estaba el exdirector del Instituto de Estudios Autonómicos, Carlos Viver, que pasó de ganar 3.613,94 euros a 9.538,60.
Pedido de justificantes
Algo parecido ha ocurrido con las nónimas de Gerard Martín, jefe del Área de Asesoramiento sobre la organización del Instituto de Estudios Autonómicos que luego se llamó de Autogobierno. Martín habria pasado de ganar 2.213,68 a alcanzar los 7.510,46.
Otra partida dudosa es la de la entrega del premio Vilaseca i Marcet, por el que la Generalitat pagó 10.000 euros brutos a Pau Bossacoma, el asesor en materia de estudios y coordinación de políticas públicas de la Generalitat.
Hacienda requiere a la Generalitat que se justifiquen todos los pagos realizados con dinero público a la empresa Focus Media por el importe de 2,1 millones de euros, al igual que al grupo Mediapro, desde 2015 a la actualidad.