La Mesa del Parlament concedió ayer al exconsejero de Salud Toni Comín la delegación del voto. Un sistema que este órgano de la Cámara catalana ya otorgó a Carles Puigdemont, que pudo ejercer esa prerrogativa en el último pleno ordinario. De esta forma, Junts per Catalunya y ERC recuperan la mayoría parlamentaria suficiente para investir a un candidato, sin necesidad de buscar el apoyo de la CUP.
Pero ¿es legal esa medida excepcional? PSC, Ciudadanos y PP ha pedido a la Mesa que reconsidere la delegación del voto por entender que vulnera las normas del Parlament y que choca con las medidas cautelares del Tribunal Constitucional (TC). La petición de reconsideración será debatida hoy en una nueva reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces, antes de que empiece el pleno del Parlament.
Orden de busca y captura
En efecto, el pasado 27 de enero, el alto tribunal dictó una resolución, según la cual, quien tiene una orden de busca y captura e ingreso en prisión vigente no puede delegar el voto.
En este sentido se ha pronunciado la asociación de juristas catalanes Llibertats, que a través de un comunicado afirma que, con base en esas medidas del TC, “los acuerdos de delegación de voto son nulos, y cualquier acto del pleno del Parlamento en el que voten los dos diputados señalados al amparo de la reseñada delegación sería nulo, al igual que una investidura del presidente de la Generalitat en la que concurra el voto de los dos diputados en situación de busca y captura”.
Por el contrario, las formaciones independentistas señalan que las circunstancias de ambos diputados han cambiado, pues se encuentran a disposición de la justicia alemana y belga. Por tanto, dicen, han perdido la condición de personas en situación de busca y captura.