Boye: "El Gobierno no está ordenando al Supremo lo que tiene que hacer"

--Usted fue el único que aseguró que Alemania no entregaría a Puigdemont por rebelión. Otros, como el mismo abogado Jaume Alonso Cuevillas, mostraban más dudas.

Yo lo tenía y lo sigo teniendo claro porque entiendo que no se dan en el Código Penal alemán los hechos que describió el juez Llarena en el auto de procesamiento. No son encajables en ningún tipo penal. Ni en Alemania ni en ningún otro país europeo.

--Entonces, ¿por qué se decidió dejar que Puigdemont pasara la frontera hasta Alemania para arrestarlo?

Por falta de antecedentes e información adecuada. Es decir, me da la sensación de que quienes les han asesorado no tenían muy claro de lo que estamos hablando.

--¿Porque insisten en llamar presos políticos a los dirigentes huidos si lo ha descartado el tribunal alemán?

La causa está en sus inicios. Lo que ha dicho el tribunal alemán es que, de lo que hay hasta ahora, no ven que haya una persecución política. Esto se resolvió el día 5 de abril. Nos dieron 26 horas para aportar una serie de antecedentes y en nuestro escrito lo que decimos es que también existe una persecución política sobre la que nos extendremos en otro momento del procedimiento. No hemos entrado todavía en esto.

--Amnistía Internacional tampoco habla de presos políticos. Ni ningún organismo con autoridad habla de presos políticos.

Los informes se van actualizando. Y, además, hay autos que dicen que mientras no abandonen sus ideas políticas seguirán en prisión.

--Los autos dicen que se les juzga por sus acciones y que su ideología les induce a pensar que seguirán manteniendo acciones. Pero no que les vayan a juzgar por sus ideas. Sino Rufián también estaría en la cárcel.

Pero poco a poco se va ir demostrando lo que nosotros estamos diciendo. Tiempo al tiempo. Hoy se están enjuiciando a los chicos de Alsasua y una declaración supuestamente firmada por una persona cuya firma ni siquiera estaba en ese documento y llevan un año y pico en prisión. Estamos hablando de un país con muchas condenas por hacer tuits. El mismo César Strawberry ha sido condendo por el Supremo. O la Doctrina Parot, que ha sido tumbada. Estamos en una regresión profunda como la que no se había vivido en 40 años en España.

Boye en la entrevista con Crónica Global / CG

Tengo muchos contactos con juristas de alto conocimiento técnico tanto en España como fuera que alucinan con que haya gente condenada por hacer comentarios en Twitter.

 Estamos en una regresión profunda como la que no se había vivido en 40 años en España

--Algunos juristas y no juristas han comparado el golpe de Estado del 23-F con lo que pasó el 6 y 7 de septiembre en el Parlament. Tejero fue condenado por rebelión, aunque su violencia tampoco fue la suficiente como para doblegar el Estado de Derecho… ¿Usted ve similitudes más allá de la diferencia insalvable de las armas?

No podemos comparar un alzamiento armado que, además, hizo rehenes a toda la clase política española con una votación de una ley que, podrá gustar más o menos, pero que era tan inviable como causa de rebelión que fue impugnado ante el Constitucional y anulada por el mismo tribunal. Los mecanismos democráticos nunca se vieron bajo ningún tipo de riesgo y es lo que viene a decir el tribunal alemán. El problema es que se están haciendo análisis jurídicos con el corazón y con la bandera en lugar de con la cabeza y las leyes.

Lo que pide el tribunal alemán para un delito de rebelión está muy claro: tiene que ser una violencia capaz de doblegar potencialmente el Estado.

--Las leyes que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre era para instalar una república rompiendo el orden constitucional y democrático.

No las podían romper porque cabían recursos contra las mismas. Y le pongo un ejemplo: las resoluciones del juez Llarena, me pueden gustar más o menos, pero contra las mismas cabe recurso. Este es el funcionamiento normal. Ahora bien, también se podría decir que ya lo ha decidido y no cabe recurso… En un sistema democrático, un parlamento autonómico vota una ley y esa ley está sometida a una serie de condicionantes...¿Eso es una rebelión?

El concepto británico de rebelión dista mucho de ser el que se está inventando el Tribunal Supremo. Y en Bélgica lo van a ver también. Estamos ante unos supuestos donde el control democrático que se está haciendo en otro ordenamiento va a demostrar que en España se les ha ido de las manos.

-- Entonces, ¿legalmente que pasó esos días? Los mismos letrados del Parlament se negaron a participar.

En democracia cuando pasan estas cosas existen mecanismos correctores. También me parece un atentado a la democracia que, por ejemplo, se financien campañas electorales con dinero de particulares. Eso altera la capacidad de los partidos políticos.

--Esto es un delito de corrupción. Pero no pretenden cambiar un sistema democrático. No atentan contra el orden constitucional.

Lo acabas de decir. Es un delito. Entre lo que se pueda considerar un atentado al Estado de Derecho y un delito hay una diferencia. El Código Penal solo está para castigar delitos. Los tribunales, como el Constitucional, pueden reconducir aquéllas cosas que no estén conforme con el ordenamiento constitucional, que es lo que dicen que han hecho. No se trata de que yo esté de acuerdo o no con lo que pasó el 6 y 7 de septiembre, pero se han sacado las cosas de quicio. Y pongo un ejemplo: este sábado hemos visto imágenes en las que se retiraban camisetas y bufandas amarillas. Erdogan no se hubiera atrevido a hacer esto.

 Este sábado hemos visto imágenes en las que se retiraban camisetas y bufandas amarillas. Erdogan no se hubiera atrevido a hacer esto

--Cuando Llarena cogió el caso mucha gente del entorno nacionalista se alegró. Porque Lamela se había convertido en la mala de la película, y veían a Llarena como alguien que conocía mejor la realidad catalana (tiene casa en Cataluña, etc.). ¿No será que cuando los jueces se encuentran con los hechos y las pruebas que manejan se dan cuenta de que no pueden hacer otra cosa?

No van a encontrar una sola declaración mía alegrándome de que la causa haya sido trasladada al Supremo. Ni a la Audiencia Nacional. Estos hechos deberían haber sido juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A partir de aquí estoy seguro de que la única razón de sacarlo de allí es que el resultado hubiera sido distinto. Y cualquier jurista que analice los hechos con frialdad sabrá que no tienen ese encaje jurídico.

Boye, como abogado de Comín y Serret, ante la prensa / EFE

--¿El de rebelión?

Ni el de rebelión ni el de sedición.

--Ahora dicen que quizás se añade el de sedición.

Esto es un relato que se hace para consumo interno en España, por necesidad más bien política que jurídica. Pero resulta que hay un señor, el juez Llarena, que estableció, por razones que todos sabemos, unos hechos en un auto de procesamiento. Estos hechos ya vinculan al juez Llarena y él ha hecho una calificación jurídica que no vinculan al Ministerio Fiscal pero, según Llarena, son los hechos que se deben llevar a juicio. En mi opinión, nos hemos precipitado estableciendo unos hechos.

--Pero es solo la fase de instrucción. Habrá que ver finalmente que hechos establecidos quedan para su enjuiciamiento de acuerdo con las pruebas que se reúnan.

Pero el procesamiento determina los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento. No se va a enjuiciar a nadie por hechos distintos del auto de procesamiento. Y allí hay un problema. el juez Llarena en día 21 dicta el auto de procesamiento y establece una supuesta malversación por 1,6 millones de euros. Cuatro días después, la Guardia Civil desmiente el juez. También el ministro Montoro lo desmiente. Esto me lleva a la conclusión de que el auto de procesamiento del juez Llarena fue precipitado.

--¿Y el fallo del tribunal alemán no fue también precipitado?

Solo a la gente que no conoce el derecho le ha parecido poco. No es verdad. No tardó poco, tardó 10 días.

--También se decía que la euroorden era un procedimiento automático que no entraba a valorar el fondo de la cuestión.

Lo han dicho desde la más absoluta ignorancia. Es más. El engaño al que estamos sometidos es muy grande. Se ha dicho que el tribunal alemán se excedió al entrar a valorar los hechos y lo único que ha hecho la fiscalía española es irse a La Haya a suministrarle pruebas para que valoren los hechos. Es justo lo contrario de lo que alegan. En derecho procesal la coherencia es fundamental. Si uno no mantiene una actitud coherente, al final todas las respuestas terminan siendo la que uno no espera.

--¿Si se llega al tribunal de Luxemburgo qué cree que sucederá?

A mí francamente me produciría risa. Que alguien quiera plantear una cuestión pre-judicial del artículo 267 sobre una decisión que ha tomado otro tribunal me parece que simplemente no sabe leer. El artículo 267 es para cuando hay dudas sobre una norma que vaya aplicar en su fallo. Es decir, en su decisión. No en la de otros. Hay que tener presente también que el tribunal alemán ya ha tomado una decisión y por lo tanto no sería pre-judicial sino post-judicial. Y la cuestión se denomina pre-judicial. Cada viernes en España se instala un nuevo relato.

--¿Por ejemplo?

Durante todo el mes de noviembre nos vendieron la imagen de que Bélgica entregaba a Puigdemont en un máximo de 30 días. Hasta que el 5 de diciembre se retiró la euroorden cuando se entró en pánico. El siguiente relato fue cuando se nos dijo que esa retirada era para evitar un enjuiciamiento discordante entre los distintos reclamados y las personas que estaban aquí. Ahora se están planteando separar las causas para poder enjuiciar a unos primeros y otros después por distintas cosas. En diciembre el juez Llarena tenía un problema. Hoy tiene 4: Bélgica, Alemania, Escocia y Suiza.

Se están improvisando las cosas y no hay peor consejero en el ámbito jurídico que la improvisación.

-- Parece que tampoco está muy claro el delito de malversación. ¿Cree que será desestimada la entrega por malversación?

Las palabras más honestas y sensatas que he escuchado son las del señor Montoro, que se basan en la misma información que manejamos nosotros. No se han pagado estas facturas. Pero es más, la Guardia Civil llega a la misma conclusión. Dice que no constan pagadas, pero que había la intención. La malversación de caudales públicos conlleva la materialización del acto. Y esas facturas de la Guardia Civil no están pagadas. El tribunal alemán sabe que el delito no se puede cometer en grado de tentativa.

España es un Estado de Derechas. Lo de Derecho se tiene que demostrar día a día

--Si el dinero hubiera salido mediante las subvenciones públicas que se han dado a entidades como Ómnium sería malversación?

No. En el momento en que son entregados a esas asociaciones dejan de ser públicas y dejan de regirse por la normativa de dinero público. Pero esto es rizar el rizo. Ómnium tiene unos pocos socios menos que el F.C. Barcelona y lleva muchos años… Estamos perdiendo la perspectiva. La campaña de Clara Ponsatí se hizo por crowdfunding y en tres horas se consiguieron 230.000 libras. Queremos creer que las cosas pasaron de una forma porque admitir que pasaron de otra sería emocionalmente tal vez inaceptable.

--¿Usted piensa que la gente se organizó y pagó el referéndum?

No es que lo piense, es que estoy convencido porque he visto las pruebas.

Intervención policial en un colegio electoral el 1 de octubre / EP

--¿Hay separación de poderes en España?

Yo no creo que el Gobierno esté ordenando al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer. Creo que el Supremo se ha hecho con un convencimiento y no vamos a ser capaces de quitarles este convencimiento. Aparezca la prueba que aparezca, porque ya están convencidos de una cosa. El señor Montoro ha dicho que no existe esta malversación. También lo dijo el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que contestó oficialmente que no se había destinado un euro de dinero público a financiar el referéndum. Así que me cuesta pensar que el Supremo esté actuando por órdenes del Gobierno. Hay que hacer un análisis más profundo para saber lo que está pasando.

--¿Y qué está pasando?

Primero, que se han precipitado. Y segundo que el juez instructor tiene un convencimiento muy claro de que las cosas son de un modo y las pruebas demuestran que son de otro.

--¿Cuál cree que serán las resoluciones de Reino Unido y Bélgica?

Habrá una armonización bastante clara en términos de cultura democrática. El problema son los hechos y los hechos no encajan en ningún país.

--¿Esto puede perjudicar a los que están en la cárcel?

Al contrario. Los beneficiará porque si queremos permanecer en el ámbito de la Unión Europea, España no puede tener consensuado como delito hechos que en el resto de la Unión no se consideran delitos.

--¿España es un Estado de Derecho?

Es un Estado de Derechas. Lo de Derecho se tiene que demostrar día a día.