1-O: La Guardia Civil enseña las facturas que Montoro no vio

Dos nuevos informes de la Guardia Civil enseñan en sus anexos documentos con órdenes de pago vinculados al 1-O. El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, no habría detectado estos gastos que ya están en manos del Tribunal Supremo.

En las facturas aparecen, entre otros gastos, los sobres que se utilizaron para remitir por correo las comunicaciones de designación de las mesas electorales, muchos de los cuales fueron incautados en la sede de la empresa Unipost cuando ya estaban preparados para su envío.

Supervisión internacional

Según publica El Confidencial, el informe de la Guardia Civil también incluye el pago a The Hague Center for Strategic Studies. Se trata de un contrato con una institución holandesa suscrito por la Delegación del Gobierno de la Generalitat. El informe concluye que ese contrato tenía que ver con la supervisión del referéndum del 1-O. La cantidad de dinero asciende a 167.065 euros.

Otro dato importante es el que afecta al Diplocat. Según la investigación el organismo utilizaba un depósito en CaixaBank en el que se han detectado 95.000 euros el día después del 1-O. Aquel 2 de octubre se realizaron transferencias a dos empresas de montaje industrial, una de autocares, un servicio de taxis, una compañía de diseñadores gráficos y el Hotel Paseo de Gracia, a donde se pagaron 5.538 euros.

En la investigación se da cuenta también del pago de 40.591 euros a observadores internacionales destinados a vuelos, estadía y manutención de unas 30 personas. En relación con las nuevas cifras de 300.000 euros (ya alcanzan los dos millones de euros) adjuntas al informe de la Benemérita, Montoro sigue convencido de que los mecanismos de control que él mismo impulsó, son suficientes para garantizar que no se utilizó “ni un euro público para financiar el 1-O”.

El gasto de TV3

El Tribunal Supremo, también tiene en sus manos dos facturas correspondientes a la televisión autonómica, TV3. Las mismas, provienen de la campaña de publicidad emitida por los medios públicos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en septiembre de 2017, para promover el referéndum ilegal, bajo órdenes de Jordi Turull.

Según los documentos que publica hoy El Mundo, ambas facturas suman 277.807 euros, una cifra en perjuicio de los contribuyentes, por lo que el juez Pablo Llarena investiga delitos de malversación. Según el Ministerio de Hacienda, esas facturas no se han pagado, y la consejera de la CCMA, Núria Llorach asegura que la cadena sólo aceptó la campaña encargada por la Generalitat al ser de pago, pero admite que las facturas están pendientes de cobro.