La Guardia Civil registra la sede del Diplocat

La Guardia Civil ha entrado la mañana de este jueves en el Diplocat. Los agentes han registrado la sede del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, situada en la Casa de les Punxes --en el número 420 de la avenida Diagonal de Barcelona--, por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la causa sobre el referéndum del 1 de octubre. 

La entrada en el organismo se produce en el marco de la investigación sobre el presunto pago a observadores internacionales para la votación que el Tribunal Constitucional (TC) había prohibido. Según un informe del Instituto Armado, se gastaron en este servicio 119.700 euros en viajes y alojamiento. Unos ocho agentes han accedido a las dependencias del Diplocat y se han fijado principalmente en los teléfonos móviles y ordenadores.

Cierre del Diplocat

El registro coincide con el cierre de las puertas del Diplocat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que está previsto para el viernes. La plantilla se encuentra por este motivo en un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El magistrado Ramírez Sunyer investiga la supuesta malversación de fondos públicos en la organización del referéndum. El coste total, según los informes, fue de 1,6 millones de euros.

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa general sobre el procés, Pablo Llarena, imputó al extitular de Asuntos Exteriores de la Generalitat Raül Romeva los delitos de rebelión y malversación. Según su procesamiento, se le acusa de gestionar la votación exterior para el referéndum y de asumir la "atención" a los llamados observadores internacionales. 

Observadores internacionales

Nueve eurodiputados hicieron de observadores internacionales durante el 1-O. Se trata de Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Stylianos Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bodil Valero y Jill Evans. La Eurocámara aclaró que ninguno de ellos acudió a Barcelona en nombre de la Unión Europea, sino a título personal. 

Según la Guardia Civil, el Diplocat destinó dos partidas a un contratos con el think tank The Hague Center for Strategic Studies. Contrataron servicios de asesoramiento, que incluían los observadores internacionales, sigue el informe. 

"Acto de propaganda"

Durante el registro, el exdirector de comunicación del Diplocat Martí Estruch ha calificado de "acto de propaganda pura y dura" el registro. Considera que la entrada tiene como objetivo "demostrar quien tiene el poder y quien aplica el 155 con plena eficacia".