Òmnium Cultural es una de las entidades independentistas más mimadas por las administraciones catalanas. Así lo confirman sus cuentas de resultados, a las que ha tenido acceso Crónica Global. Entre 2006 y 2016, esta institución que, junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organizado las movilizaciones ciudadanas a la medida del procés y ha pagado la fianza del expresidente Carles Puigdemont, recibió un total de 10,2 millones de euros en subvenciones, donaciones y legados, en su mayoría procedentes de entes públicos. Es decir, de ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y Generalitat.
Dicho de otra manera, esta asociación nacida en 1961 con la finalidad de defender la lengua y la cultura catalanas –sus cinco fundadores llevan apellidos ilustres: Lluís Carulla, Joan Baptista Cendrós, Félix Millet i Maristany, Joan Vallvé i Creus y Pau Riera— ha podido sobrevivir durante estos años gracias a las ayudas públicas, decisivas a la hora de hacer llamamientos a la movilización. Su actual presidente, Jordi Cuixart, se encuentra en prisión preventiva procesado por sedición. La imagen de Cuixart subido a un coche policial junto al expresidente de la ANC Jordi Sànchez durante el acoso a la comitiva judicial que el pasado 20 de septiembre de 2017 efectuó una entrada y registro en la Consejería de Economía, fue una de la pruebas de cargo contra ambos líderes independentistas.
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Herencias intestadas
La lluvia de millones recibida por Òmnium ha sido una constante desde 2006, aunque en los últimos años, las subvenciones se han reducido sensiblemente tras la decisión del Ejecutivo autonómico de cortar el grifo. Así, durante los años 2013 y 2016, las ayudas no han superado los 280.000 euros. Cifra muy inferior a años anteriores, cuando la generosidad pública no bajaba del millón de euros.
Òmnium llegó incluso a beneficiarse de las herencias intestadas, aquellas que recibe la Generalitat cuando muere una persona y no se conoce la identidad del heredero. Gracias a esos legados, Òmnium pudo abandonar el histórico y vetusto Palau Dalmases, situado en la calle Montcada, y comprar otra sede en el Eixample por tres millones de euros. Lo hizo gracias a la subvención extraordinaria de 600.000 euros que a finales de 2003, último año de gobierno de Jordi Pujol, se le concedió. Ese dinero procedía de una herencia intestada.
Donaciones sospechosas
Durante el gobierno tripartito –PSC, ERC e ICV--, los pagos públicos a Òmnium fueron también millonarios. Así, en 2009, Òmnium se hizo con 1,2 millones de euros procedentes de diversos departamentos de la Generalitat –Vicepresidencia, Cultura, Acción Social e incluso Interior--, a los que hay que añadir 358.810 euros concedidos por ayuntamientos, diputaciones y diversas empresas públicas.
La llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat permitió mantener el ritmo de subvenciones, pues en 2011 y 2012, Òmnium obtuvo 1,01 y 1,08 millones de euros, respectivamente.
La financiación de Ómnium estuvo bajo sospecha, pero en lo que respecta a las donaciones recibidas de empresas. Concretamente de la constructora Teyco, investigada por presuntos pagos a CDC a cambio de obras públicas. La entidad reconoció haber cobrado 20.000 euros en 2008 y 2009, pero dentro de la "legalidad absoluta".