La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene previsto poner en marcha el próximo martes en un pleno extraordinario una de las medidas estrella de su mandato, la llamada multiconsulta en la ciudad. Un proceso que ha propiciado multitud de dudas sobre su legalidad y cuya continuidad está en manos del secretario municipal, Jordi Cases.

Varios grupos de la oposición valoran exigirle que emita un informe sobre el proceso, según ha podido saber Crónica Global. Una medida que se activaría tras los debates internos que han mantenido las formaciones tras las quejas por posible fraude en la recogida de firmas. Así como las dudas sobre irregularidades en la primera cuestión que se quiere plantear a los barceloneses, referente a la municipalización del agua.

Promesa de municipalización

Que la gestión de este servicio se realice a través de una empresa pública ha sido una de las promesas que el equipo de Gobierno municipal ha repetido desde la precampaña electoral hasta ahora. Incluso ha propiciado fichajes cruzados que han levantado polvareda entre el consistorio de la capital catalana y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la administración supramunicipal que se encarga de gestionar el servicio y que también está presidida por Colau.

La sesión plenaria del próximo martes incluye que los partidos municipales se deban pronunciar sobre la cuestión formulada por una de las asociaciones más próximas al equipo de Gobierno municipal, Enginyeria Sense Fronteres: “¿Quiere que la gestión del agua de Barcelona sea pública y con participación ciudadana?”.

Pregunta ‘trampa’

La actual gestora del servicio, una empresa mixta en la que el AMB controla el 15%, asegura que se trata de una pregunta trampa. “No es neutra, concisa, clara y sencilla”, indica en una misiva que ha remitido a los partidos de la oposición, “vulnerando de esta forma las exigencias del Reglamento de Participación Ciudadana”.

Recuerda, asimismo, que la consulta en la ciudad no ha lugar al tratarse de un servicio mancomunado entre los municipios de Barcelona y su área de influencia para maximizar las sinergias y mejorar la calidad a la que se puede optar con los presupuestos locales. Además de incidir en un debate casi etimológico. La compañía advierte que no se puede remunicipalizar un servicio que ya es público y que simplemente se ha concesionado.

Judicialización del proceso

En clave jurídica, se pone de manifiesto que la multiconsulta se pretende activar con el requisito a la comisión promotora de presentar 15.000 firmas con el apoyo de la medida. Una cifra que no llega al 5% del censo electoral de Barcelona, las 86.500 firmas que se requiere en la ley de consultas municipal.

Además, se recuerda que el proceso está judicializado. El último caso que se ha iniciado es el de la fiscalía de Barcelona, que ha abierto una investigación contra el Ayuntamiento por la presunta cesión no consentida de datos personales, incluidos los de menores de edad, a empresas para elaborar el censo de la multiconsulta.

Adjudicación de los servicios

Colau adjudicó a finales de marzo los servicios técnicos de preparación del proceso electoral a la división de informática de El Corte Inglés. Pagó 1,92 millones para ello.

El Ayuntamiento prosigue con la puesta en marcha de este particular proceso electoral, que desde algunos ámbitos se entiende como un mero acto promocional de Colau. La valoración del secretario del consistorio puede marcar su futuro.