Tras descartar el delito de rebelión y levantar la prisión provisional para Carles Puigdemont, la justicia alemana estudia si extradita al expresidente de la Generalitat por malversación de fondos públicos, uno de los delitos por los que el Tribunal Supremo lo investiga y emitió la orden de detención internacional. El tribunal de Schleswig-Holstein ha solicitado información complementaria al Supremo para tomar una decisión final.
La euroorden “no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjeron los hechos con la necesaria concreción del supuesto delita que permita asociarlo con claridad a los comportamientos atribuidos al reclamado”, según la resolución alemana que reproduce este lunes La Vanguardia. El texto sigue: “Es cierto que la descripción permite reconocer con claridad que el reclamado fue corresponsable (al menos políticamente) de la generación de los costes del referéndum […] pero no queda aclarado si el Estado tuvo que hacerse cargo realmente de estos costes”.
¿Extradición por motivos políticos?
Una vez destituido el Govern, considera el tribunal alemán, los costes asociados al referéndum del 1-O que había suspendido el Tribunal Constitucional no serán cubiertos con fondos públicos, sino por medios privados. Además, el tribunal de Schleswig-Holstein recuerda la “inadmisibilidad de la extradición por motivos políticos”.
El escrito asegura que debe examinarse que “a pesar del carácter delictivo de las acciones enjuiciadas, quepa temer que el reclamado pueda ser objeto de un trato más riguroso que el habitual en la persecución de delitos de similar peligrosidad”.