¿Se puede replantear toda la causa judicial? El independentismo cree que sí, que las cosas han cambiado con la decisión de la justicia alemana de no extraditar a España a Carles Puigdemont por el delito de rebelión.

Todo el movimiento, aunque con divisiones internas profundas, jalea esa resolución, envalentonado ahora con Puigdemont al frente, que vuelve a ser el líder que le había faltado al independentismo en los últimos meses. Con ello, pone en un brete al Gobierno español, que preside Mariano Rajoy, que, pese a decir que defiende la independencia judicial, lo ha apostado todo a la carta de los tribunales, desde el primer momento.

La euforia es total entre los partidos independentistas, aunque unos lo aprovecharon para saldar cuentas, como el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, recriminando a los que no habían defendido con más contundencia a Carles Puigdemont, en una alusión directa a Esquerra Republicana. Pero esas divisiones, que existen, han dado paso a una inyección de máxima presión al Gobierno de Mariano Rajoy, que queda en una posición delicada.

La decisión de Llarena

Ahora, la justicia alemana, la del estado de Schleswig Holstein, seguirá la tramitación de la orden de extradición, pero sólo por el delito de corrupción, el equivalente en España al de malversación. Desde el punto de vista estrictamente legal, y tras las consultas con diferentes expertos en derecho penal por parte de Crónica Global, el juez Pablo Llarena podría mantener el proceso por rebelión contra los encausados que se encuentran en España, en prisión provisional. Pero, en la práctica, también se añade que sería “poco comprensible”, al margen de la reacción política que podría suscitar.

El Gobierno consideró, al conocer la decisión alemana, que la justicia española “adoptará las medidas adecuadas ante esta nueva circunstancia para velar por el cumplimiento de las leyes en nuestro país”. Eso podría implicar una decisión no menos polémica y, tal vez, contraproducente: que el juez Llarena retire la euroorden contra Puigdemont, otra vez –ya ocurrió en Bélgica—, para evitar que sea entregado sólo por el delito de malversación. O que Llarena no juzgara a los encausados por rebelión.

Conjurados para ¿evitar elecciones?

Lo que se inicia es un nuevo partido en el que el independentismo ha conseguido una victoria importante, que justificaría el viaje de algunos exconsejeros, junto a Puigdemont, fuera de España. Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig salieron en libertad sin fianzas tras declarar ante el juez en Bruselas. Marta Rovira sigue en Suiza, y Clara Ponsatí en Escocia. Si la justicia de esos países mantiene el criterio de Alemania, la retirada de las euroórdenes sería un gesto complicado de defender, desde el punto de vista político.

Ahora Puigdemont cobra todo el liderazgo del independentismo. Las fuentes consultadas, al margen de felicitarse por la decisión judicial en Alemania, no se atrevían a vislumbrar unas nuevas elecciones, pero todo está abierto. El nacionalismo tiene una mayoría en el Parlament. Aunque Puigdemont no sea juzgado por rebelión, estaría imputado por otros delitos, como el de malversación, y eso le complica las cosas para ser presidente de la Generalitat. Tanto Junts per Catalunya como Esquerra se habían conjurado para evitar nuevos comicios, y elegir un candidato posible en las próximas tres semanas, que podría ser Elsa Artadi o Marc Solsona, el alcalde de Mollerussa.

Una sola carta

El problema ahora recae en la justicia española, y en el Gobierno español, que ha jugado, desde el inicio del proceso soberanista en 2012, una sola carta: la apuesta a que la vía judicial acabara solventando la situación.

Y esa justicia ha resultado un bumerán en estos momentos para Mariano Rajoy. El Gobierno mantiene que todo obedece a la independencia de los distintos poderes del Estado. Y la justicia alemana ha dejado en evidencia, como mínimo, a la justicia española, que le toca tomar ahora decisiones.