El proceso independentista hizo emerger una galaxia de negocios a su alrededor que tenían como principal reclamo la causa secesionista. Con la externalización del plan promovido por el Gobierno cesado de la Generalitat, han aparecido actores independientes de diversa índole que tratan de intervenir o entender la situación política en España. Alguno de ellos incluso se presta a ofrecer sus servicios de forma remunerada.
Este es el caso de la empresa Transconflict, con sede en Suiza y liderada por el abogado Matthew Parish. El bufete ha lanzado una campaña para recaudar fondos y donantes con el fin de abrir una oficina internacional que supervise el “conflicto catalán”. La exitosa campaña independentista para realizar donaciones a los exconsellers huidos de la justicia española parece que podría haber creado un precedente. De hecho, la campaña de micromecenazgo abierta por la exconsejera Clara Ponsatí había reunido el martes, una semana después de abrirse, 230.000 libras.
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Web de Transconflict donde acepta fondos
Su promotor explica a Crónica Global que se trata de un “proyecto” para establecer “una oficina independiente e imparcial para supervisar la crisis catalana” con respeto a “las leyes, normas y regulaciones”. “El mandato de la oficina será estrictamente imparcial, y se destinará a fomentar el diálogo pacífico y legal para resolver las tensiones políticas relacionadas con los recientes acontecimientos políticos disruptivos en Cataluña”, abunda.
En la misma página de su web aporta el número de cuenta para hacer las donaciones y la lista de las acciones a los que los fondos irán destinados. La futura oficina se establecerá en la firma que preside Parish, Gentium Law Group Sàrl.
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Cuenta bancaria para hacer las donaciones
Simpatía por la causa secesionista
Parish publicó en el pasado tres artículos con marcada simpatía hacia el movimiento independentista. Uno de ellos, titulado Secuestrando Cataluña, y publicado el mismo día de la declaración unilateral de independencia (27 de octubre de 2017), afirmaba que España quería perjudicar la imagen de Barcelona: “Ahora parece deprimente que España se dirija a un conflicto de bajo nivel a largo plazo con una de sus regiones más prósperas, perjudicando la economía de Cataluña, la reputación de Barcelona entre los turistas extranjeros y los sistemas político y legal de España”.
En otro artículo titulado Independencia catalana, publicado dos días después (29 de octubre), se hacía eco de la declaración de independencia y en el mismo párrafo criticaba que la intervención de la autonomía “era algo que España nunca había hecho durante el gobierno del líder fascista Francisco Franco”.
En un tercer artículo publicado días después del referéndum ilegal del 1 de octubre se lamentaba de que el Gobierno de Mariano Rajoy no hubiera “dado la bienvenida” a la votación, participando en ella. Y concluía a este respecto: “[El Gobierno español] se basó en disposiciones constitucionales que son menos que un paradigma de claridad para obtener órdenes judiciales de dudosa lógica que ordenaron el uso de la fuerza del Estado para impedir el proceso democrático. Ahora el jefe de los Mossos está siendo investigado por un juez en Madrid por el delito medieval de sedición”.
Arbitraje internacional
El proyecto de Parish es crear un arbitraje para mediar entre Madrid y Barcelona. En su web asegura que se abrirán sedes en ambas ciudades y que “enviarán diplomáticos”.
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Artículo de Parish sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia
Este medio ha consultado a fuentes del cuerpo diplomático español para conocer el alcance de esta propuesta liderada por el bufete radicado en Suiza. El experto consultado asegura que “no conocía a la empresa”, pero por lo que se observa en su web “es una empresa de abogados que hacen arbitraje internacional de poca monta”: “Un tercio de sus experiencias tienen que ver con empresas e instituciones rusas”, añade.
Neutralidad
Algunas de las experiencias en arbitraje internacional que expone Parish en su currículum se han realizado en el ámbito de la metalúrgica rusa (metales preciosos) para mediar en conflictos sobre retirada de inversiones o con la Cámara de Comercio de la Federación Rusa. También con la Comunidad de Estados Independientes (CIS) compuesto por las exrepúblicas soviéticas, con la excepción de los tres estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), que actualmente son miembros de la Unión Europea.
Su posicionamiento explícito hacia la opción independentista y el interés pecuniario de su proyecto parece que no sean los mejores avales para mediar de forma neutral. Y que sea, ante todo, una forma de hacer negocio mediante una causa que ha demostrado en varias ocasiones su capacidad de reunir fondos.