Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha quitado importancia hoy martes, 3 de abril, a la decisión de la fiscalía general de Schleswig-Holstein (Alemania) de pedir la tramitación la euroorden de extradición a España del exjefe del Ejecutivo autonómico prófugo de la justicia.
En declaraciones a RAC1, el letrado ha tildado de "normal" el pronunciamiento del ministerio fiscal, que ha pedido hoy admitir a trámite la orden de entrega y ha exigido a los tribunales del estado federado el visto bueno para que Puigdemont recale en las manos de las autoridades españolas para que se enfrente a los cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, entre otros, y mantenerlo en prisión preventiva hasta esa fecha. Alonso-Cuevillas ha señalado que "esperaban ese paso" y ha matizado que el proceso "tardará de dos a tres meses" en completarse, la demora "habitual" en el sistema judicial alemán.
"Caso de relevancia"
El abogado ha manifestado que el caso contra el también exalcalde de Girona, cuya entrega ha pedido Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo que instruye el mayor proceso contra el montaje y ejecución del procés independentista en Cataluña, es de "especial relevancia".
Bajo su punto de vista, la deliberación de la corte del estado de Schleswig sobre la entrega de Puigdemont a la justicia y los delitos aparejados a esa extradición "son excepcionales" por la relevancia de la persona que se solicita y por los propios "componentes" de la orden europea de detención y entrega (OEDE).
"Delitos equivalentes"
Cabe recordar que el fiscal general del land de Schleswig-Holstein ha agregado hoy dos elementos fundamentales en el proceso contra Carles Puigdemont, que huyó de la justicia tras la fallida declaración unilateral de independencia del 27 de septiembre de 2017 en Cataluña y fue capturado en Alemania el pasado 25 de marzo. El primero es que el exjefe del Consejo Ejecutivo del Govern debe permanecer en prisión provisional al existir "riesgo de fuga".
En un comunicado, el letrado ha argumentado que el líder independentista debe ser entregado por la justicia alemana por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, ya que la euroorden de las autoridades nacionales es "válida" y los dos tipos penales de los que se acusa al dirigente secesionista tienen equivalencia en el código penal alemán.