Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig han presentado recursos ante el Tribunal Supremo. Alegan que el 1-O no hubo “ningún tipo de violencia” que justifique la acusación de rebelión, en los casos del expresident y la exconsejera de Enseñanza, sino casos “aislados” en los que los ciudadanos “pudieron haberse excedido en su resistencia pasiva”.
El escrito presentado por el abogado de los tres, Jaume Alonso-Cuevillas, niega tanto el delito de rebelión como el de malversación de fondos públicos. Es por esta razón que pide la “nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva del tribunal” y por “indefensión al no haberse permitido la actuación de la defensa”.
Promover un proceso independentista, continúa el texto, es “plenamente admisible en el marco constitucional español, siempre que no sea mediante el uso de la violencia”. Por “violencia”, sigue, “no cabe entender las manifestaciones de protesta, por numerosas que sean, ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causan daños”.
“Hechos genéricos y abstractos”
El letrado considera que a los imputados --Puigdemont recluso en la cárcel de Neumünster, Ponsatí en Escocia y Puig en Bélgica-- “únicamente se les atribuyen hechos completamente genéricos y abstractos, que además no se acompañan de justificación alguna”.
En cuanto a la malversación de caudales públicos, Alonso-Cuevillas recuerda que las cuentas de la Generalitat fueron intervenidas el 21 de julio de 2017 por el Ministerio de Hacienda. En este sentido, indica que el propio ministro Cristóbal Montoro garantizaba que el Govern “no está utilizando un euro” para financiar el referéndum.