Iñaki Urdangarin permanecerá, desde este momento, pendiente del Tribunal Supremo. Aunque, a juicio de su defensa, el exduque de Palma (Mallorca) “ya está condenado por parte de la sociedad y algunos medios de comunicación”, en las próximas semanas el alto tribunal deberá pronunciarse sobre su futuro penitenciario tras escuchar los alegatos de su abogado así como del resto de acusados que, en febrero de 2017, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Baleares por su intervención en las contrataciones millonarias con las que el Instituto Nóos se vio favorecido desde Baleares y la Comunidad Valenciana.

La expectación ha sido (y es) máxima, como ha sucedido durante los episodios más trascendentes que ha vivido el caso Nóos a lo largo de los último ocho años: las dos comparecencias judiciales a las que tuvo que hacer frente Urdangarin en los Juzgados de la capital balear o las de otros tantos inculpados que han descendido la cuesta de las dependencias judiciales palmesanas para declarar ante el juez José Castro por su implicación en las actividades irregulares de Nóos pero, por encima de todo, la efectuada por la infanta Cristina el 8 de febrero de 2014.

La defensa del cuñado del rey Felipe VI se ha aferrado a la inocencia del acusado. Sobre él pesa desde hace un año una condena de seis años y tres meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Pero la Fiscalía insiste en su intervención en una trama delictiva dirigida a drenar las arcas públicas y embolsarse las partidas derivadas de los contratos suscritos con la Administración pública.

La Infanta, contra Manos Limpias

De forma paralela, el nombre de Cristina de Borbón ha emergido de nuevo unido al de Nóos. Y lo ha hecho a raíz de la petición de su abogado Pau Molins dirigida a que el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclamó en su día prisión para la exduquesa --ocho años como cooperadora necesaria de los dos delitos contra Hacienda cometidos por su marido--, sea condenado en costas por actuar “con mala fe” en el juicio con el único objetivo de “lesionar la dignidad de su Alteza Real y procurarle un daño mediático, como así logró”.

De hecho, el letrado barcelonés ha recalcado que la personación de una acusación popular “no puede suponer una suerte de patente de corso que permita amparar actuaciones temerarias” como las llevadas a cabo por Manos Limpias al término del juicio, cuando mantuvo su petición de prisión a pesar de que la prueba efectuada durante la vista oral “puso en evidencia que no se cumplía ni uno solo de los requisitos por los que venía siendo acusada la Infanta”. “Pese a ello, Manos Limpias decidió continuar su acusación contra ella”.

“Petición inédita en la historia”

Y, sobre todo, ha aludido a una solicitud de pena “absolutamente desproporcionada, inédita en la historia judicial de España, donde jamás nadie ha sido objeto de condena por similares hechos”.

Al término del juicio, Manos Limpias expuso el “falaz argumento” de que los peritos de la Agencia Tributaria respaldaron sus alegatos contra la exduquesa, cuando “lo único que acreditaron fue todo lo contrario: su absoluta inocencia. Fue un insulto al tribunal y a las partes”. Una situación que, ha manifestado, “desde la más absoluta humildad, nos debería llevar a reflexionar sobre la figura de la acusación popular y poner coto a su abuso”.

Urdangarin, “motor de la secuencia delictiva”

Antes de que Molins interviniese en defensa de su patrocinada, la defensa de Urdangarin ya había rebatido punto a punto y de forma pormenorizada las tesis sostenidas contra él por la Fiscalía del Supremo que, en una intervención eminentemente técnica, ha reclamado que la pena que le fue impuesta en primera instancia le sea incrementada hasta los diez años de prisión por considerar que el exduque fue el “motor de toda la secuencia” delictiva desplegada por ambos exsocios a través de la red de empresas que constituyeron, con Nóos como denominador común, para enriquecerse de forma ilícita.

“La acusación pretende que los foros [los eventos sobre turismo y deporte por los que Urdangarin y Torres percibieron cerca de seis millones de euros públicos] le salgan gratis”, le ha respondido con vehemencia el abogado del primero, Mario Pascual Vives, criticando que el Ministerio Público implore la restitución de los fondos obtenidos por los trabajos.

Los delitos fiscales que pesan sobre Urdangarin ha sido uno de los ejes en torno los que ha girado su intervención, en la que ha recriminado la “falta absoluta de definición y concreción que se le debe reprochar”. De hecho, la Abogacía del Estado ha reclamado que se incrementen las cantidades a las que fue condenado a hacer frente por sus impagos al fisco, aumento que también afectaría a su mujer por cuanto era socia de Aizoon, la empresa de la que ambos eran propietarios y tras la que el procesado se parapetó para desviar los fondos del entramado.

La trama valenciana

Durante la vista, que se ha prolongado durante más de cuatro horas, la fiscal Ángeles Garrido ha hecho especial hincapié en los tres convenios suscritos entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos para la celebración de los denominados Valencia Summit (2004, 2005 y 2006), cuya organización costó 3,6 millones de euros públicos.

Y ha centrado buena parte de su parlamento en estos hechos después de que la Audiencia balear, en su sentencia, no apreciara delito en la tramitación de los eventos y exonerara a los cinco exaltos cargos valencianos que se sentaron en el banquillo por su intervención en estos expedientes.  

Tramitación irregular de los convenios

Garrido ha criticado con dureza la tramitación de los contratos al considerar que se produjo una “omisión absoluta del procedimiento administrativo” y aseverar, tajante, que “no existió más que una voluntad y un concierto entre Urdangarin, Torres y los funcionarios que intervinieron”. No sólo eso. La representante del Ministerio Público ha recriminado que no se elaborase un informe previo que justificara la necesidad del gasto y que tampoco “interesara que se justificase el destino dado posteriormente a los fondos”.

Por todo ello, reclama la condena de cuatro de los cinco exdirigentes juzgados por los Summit y, más en concreto, cinco años de cárcel para el exdirector general de Cacsa Jorge Vela y la exdirectora de gestión de la entidad Elisa Maldonado, así como penas de inhabilitación para el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar, y para el exsecretario autonómico de Turismo y Deporte de la Generalitat Valenciana Luis Lobón. Las defensas de todos ellos apelan a que los convenios fueron tramitados de forma legal.

Una de las principales discrepancias entre la Fiscalía y los letrados tanto de la trama valenciana como de Urdangarin y Torres radica en el carácter legal de la FTVCB y Cacsa. Mientras la acusación defiende que ambas son públicas, puesto que la mayor parte de los fondos de los que se nutren proceden de la Generalitat y el Tribunal de Cuentas determinó, en un informe de 2013, que la Fundación Turismo Valencia es una entidad integrante del sector público, las defensas alegan que el carácter mercantil de la misma impide que se hayan desviado fondos públicos a favor de Nóos.

Baleares, la principal perjudicada

En lo que a Baleares se refiere, la abogada de la Comunidad Autónoma Mari Ángeles Berrocal ha sentenciado que las islas son la "principal región perjudicada”. “Estamos personados desde el minuto uno en algo que más allá del derecho administrativo”, ha remarcado aludiendo a los 1,1 y 1,2 millones que, respectivamente, costaron los conocidos Illes Balears Forum de 2005 y 2006. Tras analizar factura por factura durante la instrucción, ha recordado, se detectó que en el caso del primer evento el coste real fue de unos 800.000 euros.

“¿Dónde está el resto? No se tiene en cuenta porque, según la sentencia, la cantidad justificada era superior. Ni un solo céntimo de euro público puede quedar sin justificar y, además, Jaume Matas confesó que dio los negocios a Urdangarin porque le pareció conveniente por ser quien es”, ha espetado. Matas, quien fue sentenciado a tres años y ocho meses de cárcel --la Fiscalía del Supremo reclama que se le incremente la condena un año más--, ha negado que fuesen abonados fondos de las arcas autonómicas por trabajos no realizados.