Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa sobre el procés, ha pedido a la Guardia Civil evidencias de malversación en el proceso independentista. El magistrado quiere que el Instituto Armado aporte documentación sobre el uso de fondos públicos en la organización del referéndum del 1 de octubre.
En concreto, el auto de Llarena solicita la “aportación de los documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte” a su informe sobre “gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia”. Además, el magistrado ha declarado secreta una parte de la investigación durante un mes.
Secreto de sumario
Esto significa que ni las acusaciones, ni las defensas ni los medios de comunicación pueden acceder a estos elementos del sumario. El fiscal está al margen del secreto. No es la primera vez que Llarena declara secreta una parte de la investigación. En enero levantó la anterior medida al haber alcanzado su finalidad: poder realizar los registros en sedes de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, además del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI).