"Menos dramática" de lo que se esperaba. Aunque deben primar los acuerdos políticos. Esa es la posición de diversos expertos constitucionalistas que han analizado la "intervención" del Estado en Cataluña a través de 155. Señalan que no ha habido disfunciones destacables, aunque sí consecuencias económicas, con la salida de las sedes sociales de diferentes empresas. Piden, en todo caso, una solución política, porque esa medida no se puede alargar en el tiempo, por su carácter necesariamente excepcional. Aunque dudan de las intenciones y objetivos de los partidos independentistas, que no acaban de cerrar un acuerdo para formar el nuevo Govern de la Generalitat.

Se trata de la valoración del estado autonómico a lo largo de 2017, un informe del Instituto de Derecho Público, con la colaboración del Senado coordinado por el catedrático de Derecho Constitucional Eliseo Aja (UB), junto a Javier García Roca (UCM), José Antonio Montilla (UGR), y Laura Díez (UB). El análisis se centra en cómo han abordado las diferentes comunidades las dificultades, los conflictos institucionales, con especial atención a Cataluña por la aplicación del artículo 155, que no tenía ningún precedente.

Grave atentado al interés general

La idea es que las medidas adoptadas en el Parlament por los partidos independentistas, en otoño de 2017, con la aprobación de las leyes del referéndum y de ruptura, y “la reiterada desobediencia de los dirigentes del proceso independentista a las decisiones del Tribunal Constitucional”, eran motivo de una gran preocupación por parte del Estado, al entender, según los catedráticos de Derecho constitucional, que “constituían un grave atentado al interés general y un reiterado incumplimiento de las obligaciones constitucionales, supuesto de hecho habilitante para la aplicación de este control” (155).

Sin embargo, con esa medida, “la experiencia en la aplicación del acuerdo de intervención ha sido menos dramática de lo que podía haberse pensado. No ha habido violencia, ni grandes tensiones. La Administración autonómica ha funcionado con continuidad bajo la dirección política Gobierno de la Nación. Esta experiencia constitucional ha revelado que la ‘coerción’ o ‘coacción estatal’ no implica necesariamente el uso de la fuerza –como preveía la Constitución de Weimar de 1919, que mencionaba la ayuda de la fuerza armada--, ya que existen muchas otras fórmulas previas y menos dramáticas de intervención administrativa”.

Ni fácil, ni sencillo

Lo que ocurre, a juicio de estos expertos, es que "tras su aplicación, las cosas sigan estando donde estaban: en un impasse entre las posiciones independentistas e inmovilistas. Únicamente la voluntad de diálogo político y de acometer las reformas jurídicas necesarias –constitucionales y estatutarias entre ellas— puede arreglar este grave conflicto y devolver la integración social a España, pero previsiblemente no será sencillo ni rápido".

La catedrática de Derecho constitucional de la UB Laura Díez asegura a Crónica Global que se ha querido analizar cómo se puede salir de esa situación, teniendo en cuenta la excepcionalidad de un artículo que, además, no se sabía realmente cómo se podía aplicar, al no tener ningún precedente. Díaz sostiene que, respecto al conjunto de autonomías, “éstas han sabido manejarse con los conflictos institucionales”, en una especie de adaptación a la nueva coyuntura, en la que la política española, como se trasmite desde el Congreso, está paralizada.

Intento de secesión

En Cataluña se da a entender que esa medida o una intervención similar era necesaria, tras “un intento de secesión al margen de las leyes”, que, sin embargo, “no han permitido proclamar realmente la república ni la independencia de Cataluña ni vencer en las elecciones autonómicas con una mayoría clara”.

Todo ello ha provocado “daños colaterales, se ha empobrecido la comunidad (traslado de empresas, baja del turismo, parálisis gubernamental, bloqueo administrativo, impacto en los precios de la vivienda…), así como se ha fragmentado la sociedad catalana en dos mitades”.

Volver a la política

La respuesta, en todo caso, debe ser otra a medio plazo. “Tampoco creemos que la intervención administrativa, al amparo del artículo 155 CE y las actuaciones de los tribunales vayan a bastar para resolver este largo y serio conflicto: es preciso volver a la política”.

Los expertos señalan que, y no sólo para la cuestión catalana, se debe entrar ya en un proceso de reforma constitucional.