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El juez del 1-O investigará al ‘ex número dos’ de Borràs por licitar las urnas
El juez del 1-O investigará al ‘ex número dos’ de Borràs por licitar las urnas
El ex secretario general de Gobernación, Francesc Esteve, está imputado por desobediencia, prevaricación y malversación
12 marzo, 2018 17:03El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha acordado inhibirse en favor del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que instruye la causa por el referéndum secesionista ilegal del 1-O, de la pieza que investiga al ex secretario general de la Consejería de Gobernación de la Generalitat Francesc Esteve por la licitación de la compra de urnas.
En un auto, el TSJC expone que el 2 de febrero les llegó una comunicación de la sala segunda del Tribunal Supremo que pedía remitirles las diligencias contra el Govern de Carles Puigdemont por el referéndum que estaban en dicho tribunal, con exclusión de las que se seguían contra Esteve, número dos de la exconsellera Meritxell Borràs.
Desobediencia, prevaricación y malversación
Ahora la sala civil y penal del TSJC acuerda remitir estas actuaciones al juzgado de instrucción 13 de Barcelona porque ya está siguiendo diligencias por delitos cometidos por no aforados "en relación a los actos tendentes a la celebración del referéndum del 1 de octubre". Según la sala, esto determina "necesariamente" que sea este juzgado quien lleve las diligencias incoadas en un principio por el TSJC tras admitir a trámite una querella contra la Fiscalía Superior de Cataluña contra Borràs y Esteve por la licitación de compra de urnas.
La sala civil y penal del TSJC había admitido la querella que la Fiscalía Superior de Cataluña presentó el 16 de mayo contra ellos por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.
200.000 euros
En la querella, la Fiscalía relataba que Borràs, con la intención de celebrar un referéndum para crear un Estado catalán independiente, dictó un acuerdo marco para el suministro de urnas, que fue firmado por Esteve. La licitación, con un valor estimado del contrato de 200.000 euros, era para dos clases de urnas: unas transparentes y otras de cartón, aunque un primer concurso quedó desierto.
Tras la primera querella, la Fiscalía presentó una ampliación aludiendo al anuncio del Puigdemont cuando anunció su intención de celebrar el referéndum el 1 de octubre con la pregunta: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?".