Los planes de Mas y Colau sobre el agua ponen en juego 1.500 millones de euros

El agua, como un problema concreto, específico, que precisa de un plan nacional que incluya a las ciudades. Es lo que reclama el Foro de la Economía del Agua, que ha elaborado el Libro Blanco de la Economía del Agua (McGrawHill) que aborda cómo garantizar la seguridad hídrica y la necesidad de adaptarse al cambio climático. El Foro también señala las contradicciones que se han producido en algunas comunidades, como Catalunya. Y es que los planes de Artur Mas, desde la Generalitat, y de Ada Colau, desde el Ayuntamiento de Barcelona, pueden poner en juego hasta 1.500 millones de euros en indemnizaciones, que pagarían los contribuyentes.

Gonzalo Delacámara, director académico del Foro de la Economía del Agua –promovido por la Universidad de Alcalá, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Granada—señala que la “paradoja es total”. Con la premisa de que se debe rechazar cualquier apriorismo, y que la prestación de un servicio no depende de quién sea el operador, sino de que se realice con solvencia y profesionalidad, Delacámara alerta sobre el proceso de privatización de ATLL, por parte del Gobierno anterior presidido por Artur Mas, y del proceso de ‘remunicipalización’ que intenta Ada Colau desde Barcelona.

Incertidumbre poco comprensible

Resulta paradójico que Barcelona, una de las áreas metropolitanas más desarrolladas de Europa, que durante décadas ha sido referencia internacional en la capacidad para generar alianzas entre sociedad civil, sector público y sector privado para la gestión del agua, se encuentre hoy sometida a tanta incertidumbre por los intereses partidistas de quienes privatizaron la gestión del agua en alta y quienes desean revertir la gestión de los servicios urbanos de agua a manos exclusivamente municipales, en ambos casos presentándose como intérpretes de la sociedad en conjunto”, afirma este economista especializado en el análisis de la prestación de servicios como el agua.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, sobre la privatización de ATLL, obligará a la Generalitat a pagar una indemnización a la empresa que se hizo con el contrato, Acciona, que, según Delacámara, y en función de diversas estimaciones, se calcula en “al menos 500 millones de euros”. Por su parte, la gestión directa municipal del servicio de agua en el área metropolitana también implicaría “nuevas indemnizaciones a costa de los contribuyentes, cifradas, al menos, en 1.000 millones de euros”. En total, esos planes, de Mas y Colau, podrían suponer 1.500 millones para los ciudadanos.

Exceso de municipios

El agua es un problema para el conjunto de España, pero no se asume como tal. Esa es la idea del Foro de la Economía del Agua, que, a través del Libro Blanco, explora y analiza, desde todos los ámbitos, todos los retos. Uno de ellos implica que las ciudades, que son el último tramo en todo el proceso del agua, deben participar directamente en el pacto nacional que prepara el Gobierno.

Los principales desafíos hacen referencia a la seguridad hídrica, y al acceso universal al agua potable y al saneamiento. También a la necesidad de adaptarse al cambio climático, a periodos cada vez más imprecisos, en contextos de graves sequías. Otro de los retos que se plantean respecto a una gestión que es atomizada, porque el servicio recae, con competencias directas, en los municipios, y en España hay 8.124. Sólo en Catalunya existen más de 900 municipios, con problemas importantes en los que tienen menos de 5.000 habitantes, cada uno con características específicas.

Acuerdo público-privado

Otro desafío lo representa el impacto de las restricciones en el gasto público, y es que en los próximos diez años muchas infraestructuras entrarán en su última fase de utilización, con la necesidad de invertir de nuevo.

La receta, en cualquier caso, pasa por rechazar supuestas soluciones mágicas. Las propuestas que se muevan por criterios ideológicos. Es lo que apunta Gonzalo Delacámara, respecto a Catalunya, apostando por “un gran consenso entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado”, una cuestión “especialmente relevante en Catalunya, donde la demanda esperada de agua es ya superior en más de un 10% a la previsión de agua disponible, según los actuales planes de cuenca”.