El juicio de los ERE se reanuda con el interrogatorio a Magdalena Álvarez

El juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía se ha reanudado este lunes, tras una semana de paréntesis. Ha comenzado con el interrogatorio a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación, quien ha asegurado que "es un error considerar que en la Consejería de Hacienda lo controlamos todo". 

El juicio fue suspendido el pasado lunes a petición de la defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, convaleciente de una operación vesicular de urgencia a la que se sometió el 14 de febrero.

La imputada

Álvarez fue consejera de Hacienda del Gobierno andaluz desde agosto de 1994 a febrero de 2004, año en el que fue nombrada ministra de Fomento en el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, del que formó parte hasta 2009.

Cuando estalló el caso ERE, era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo del que dimitió en 2014, un año después de su imputación por la jueza instructora Mercedes Alaya, cuando la Audiencia de Sevilla ratificó dicha imputación. A diferencia de 15 de los 22 procesados en este juicio, Álvarez no está acusada de malversación, sino solo de prevaricación, como responsable de la elaboración y gestión de los presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas.

Fuera de competencias

Álvarez ha declarado hoy que "es un error considerar que en la Consejería de Hacienda lo controlamos todo" y ha defendido que la ejecución de los presupuestos de la Junta no era su competencia. Álvarez ha respondido durante algo más de dos horas a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado pertrechada de una carpeta llena de documentación subrayada y con continuas aclaraciones a la formulación que hacía el Ministerio Público, lo que ha provocado que el juez la interrumpiera varias veces para decirle que puede contestar o no pero que el fiscal podía preguntarle aspectos que no fueran de su competencia.

La exconsejera, que no ha ratificado las declaraciones que hizo en el 2013 ante la instructora Mercedes Alaya porque "no recogen en su integridad mis manifestaciones", ha insistido en que su competencia sobre el presupuesto andaluz acababa en la "fase prelegislativa" y ha rechazado toda responsabilidad en cómo cada Consejería ejecutaba cada programa presupuestario.

Fiscalización previa

A preguntas del fiscal, Álvarez ha dicho que en su opinión en la concesión de toda ayuda o subvención "tenía que haber un procedimiento y fiscalización previa" y así se recogía en las leyes de presupuestos elaboradas durante sus diez años en la Junta donde se aludía a la Ley estatal de Subvenciones, si bien ha subrayado que en la concesión de las ayudas de los ERE "si lo hubo o lo dejo de haber no lo puedo saber" pues el control corresponde a la Intervención.

A su juicio, los peritos han "malinterpretado" que las transferencias de financiación sólo pudieran destinarse a cubrir desequilibrios presupuestarios del IFA ya que sólo tenían ese destino los fondos "para su cuenta de explotación" pero el resto podían tener la finalidad que indicaran los presupuestos cada año.

Supuesta confusión

También ha criticado la "confusión" de los peritos al identificar las transferencia de financiación, que es la "dotación de crédito de una Consejería a un ente público", con la subvención en sí que se da y paga, e incluso ha esgrimido una directriz de la Intervención General de la Administración del Estado de 1997 advirtiendo a sus peritos judiciales de que no identifiquen ambas cosas.

Su defensa se ha basado en que Hacienda sólo interviene en elaborar presupuestos y modificaciones que contienen esas transferencias de financiación pero no en qué se paga con esos fondos y cómo.

Además, ya a preguntas de su abogado, ha subrayado que tanto las cuentas anuales como las modificaciones presupuestarias eran conocidas por el Parlamento y el Presupuesto de la Consejería de Empleo indicaba claramente una partida presupuestario para transferencias de financiación al IFA "en materia sociolaboral" cuyos diputados de todos los grupos incluso proponían aumentar.