Forzar la máquina. El balón sigue corriendo. El llamado club de Puigdemont, los dirigentes que le apoyan hasta el final dentro de la lista de Junts per Catalunya, han lanzado el nombre de Jordi Sànchez como sustituto del expresidente huido. Se trata de un dirigente, expresidente de la ANC, que se encuentra en prisión preventiva por la causa del 20 de septiembre, la concentración independentista ante el Departamento de Economía de la Generalitat. Sànchez, un nombre que vería bien Esquerra Republicana, debería obtener la autorización del juez para poder ser investido en el Parlament. Y, por ahora, eso parece poco probable.

Junts per Catalunya lo sabe. Es perfectamente consciente. También Esquerra. Se trata de una fórmula que decidiría el presidente del Parlament, Roger Torrent, para iniciar la cuenta atrás de los dos meses, el tiempo que marca la ley para convocar, de nuevo, otras elecciones. El objetivo es que comience a correr el reloj.

Un presidente sin causas judiciales

Si esa posibilidad no es posible, el otro nombre que se tiene en la recámara es Jordi Turull, que salió de prisión junto a Raül Romeva, Josep Rull y Carles Mundó tras pagar una fianza. Todos ellos mantienen una causa abierta por el referéndum del 1-O y la posterior declaración de la república catalana en el Parlament.

Turull podría ser investido presidente de la Generalitat, aunque quedaría pendiente de la celebración del juicio, que el juez Pablo Llarena pretende que sea para después del verano. Se trataría, por tanto, de un presidente sujeto a la causa judicial, cuando ERC ha pedido en las últimas semanas que se apueste por alguien que no tenga ninguna causa con la justicia.

Comenzar a gobernar

¿Qué se pretende? El club de Puigdemont, los que presionan para que ERC mantenga el pulso al Estado con la candidatura del expresidente –Elsa Artadi, Eduard Pujol, el propio Jordi Turull, Josep Rull, Josep Costa, Aurora Madaula—, considera que debe ser el Gobierno español el que bloquee la legislatura, y fuerce, si es necesario, unas nuevas elecciones. Es decir, no hay voluntad todavía de constituir un nuevo Govern de la Generalitat que inicie una senda de normalidad institucional.

El argumento es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no podrá aguantar la presión que pueda llegar de la Unión Europea, si se percibe que es incapaz de resolver la situación. Como ha ocurrido en los últimos años, el movimiento independentista insiste en forzar las cosas con la convicción de que, en algún momento, los organismos europeos tomen cartas en el asunto.

¿Cómo justificar nuevas elecciones?

Con la disyuntiva todavía no solventada aunque se insiste desde las dos fuerzas políticas en que el acuerdo está próximo, sobre qué poder puede adquirir Puigdemont en Bruselas --tras una investidura simbólica—, lo que está en juego es la posible justificación de unas nuevas elecciones. La presión de Junts per Catalunya es alta, aunque Esquerra ha comenzado a levantar la cabeza con la intención de poder gobernar cuanto antes.

Los planes del club de Puigdemont, en todo caso, no ofrecen garantías de que se quiera iniciar la legislatura, con el nuevo ingrediente, además, de la decisión de Anna Gabriel de quedarse en Suiza, buscando la internacionalización del “conficto”.