El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. La Fiscalía había solicitado que el Supremo dictase el auto de prisión provisional y luego procediese a cursar la orden de busca y captura internacional, para gestionar la posterior orden de detención internacional y finalmente la demanda de extradición.

Al haberse refugiado en Suiza, a Gabriel no podrá recaerle un euroorden, ya que no forma parte de la Unión Europea. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Justicia de Suiza ha explicado que una extradición no sería posible, ya que “a priori” el caso estaría ligado a delitos políticos sobre los que Suiza no tiene base jurídica.

El auto

El auto del juez Llarena explica que Anna Gabriel Sabaté no acudió al Tribunal Supremo en la mañana de este miércoles, aunque presentó un escrito firmado por su abogado Benet Sallellas Vilar en el que "pone en conocimiento las declaraciones hechas por su defendida al periódico suizo Le Temps de no acudir al llamamiento judicial y permanecer en Ginebra". Ante la incomparecencia, Llarena decide adherirse al pedido de la fiscalía de dictar "la orden internacional de detención y entrega", por no alegar causa legítima que le impide presentarse. 

El escrito culmina con la posibilidad de interponer un recurso de apelación a la orden del juez en el plazo de tres días. 

Largo proceso

La estrategia de Gabriel aboca a España a un proceso de extradición largo y cuyo éxito no está asegurado. La huida de la exdiputada de la CUP supone que el proceso penal abierto contra los líderes independentistas trascienda el ámbito meramente judicial y se convierta en un proceso político, ya que Suiza no es miembro de la UE, por lo que el Supremo tendría que pedir la extradición, un procedimiento que requiere la intervención de los gobiernos de ambos países.

La situación de la cupaire dista de la de los principales investigados en la causa. Gabriel fue citada en una segunda tanda de comparecencias que abarcaba a los miembros del supuestos Comité Estratégico que, según los investigadores, diseñaron e implementaron los planes para lograr la independencia. En la misma situación o similar está Mireia Boya, exdiputada de la CUP, que compareció la semana pasada pero que abandonó el Tribunal Supremo sin medidas cautelares.

En una entrevista en TV3, Anna Gabriel ha reafirmado su posición: "Algunos mantenemos a pesar de todo la lucha por conseguir la República catalana, la lucha es larga y costosa pero continuaremos". En cuanto a la posibilidad de extradición, la exdiputada ha asegurado que en caso de dictarse "podríamos demandar asilo a Suiza".