El 17 de julio y el 12 de septiembre del 2017, la CUP pidió, oficialmente, ser imputada (investigada) en la macrocausa sobre el procés que entonces dirigía el juez de instrucción número 13 de Barcelona. Primero el magistrado, Juan Antonio Ramírez, y después la sección segunda de Audiencia Provincial le negaron a la formación antisistema la posibilidad de comparecer como investigada.

La Audiencia de Barcelona, en un auto firmado por la magistrada ponente, María José Magaldi, subraya que el juez “y sólo el juez” puede atribuir a un ciudadano la condición procesal de “investigado”. Ante la insistencia de los antisistema, los tribunales respondían (casi se defendían) con el argumento de que “la CUP carece de legitimidad para atribuirse esta condición y su pretensión carece de fundamento jurídico en nuestro derecho y en el de los países de nuestros entorno”.

El escenario es diferente

Mucho han cambiado ahora las cosas como para que la CUP, o al menos una de sus más destacadas dirigentes, Anna Gabriel, no sólo no quiera ser imputada sino que haya puesto pies en polvorosa y se haya refugiado en Suiza para no ser sometida al trámite judicial.

La situación que vive el país y el estadio en el que se encuentra el trámite procesal de la causa contra el proceso independentista sin duda ha cambiado sustancialmente entre julio de 2017 (cuando la CUP reclamaba su inmolación judicial) y febrero de este año. Ahora, las posiciones y actuaciones del Ministerio Fiscal y de los jueces y tribunales son por todos conocidas: por un lado se ha puesto en marcha una investigación que no va a dejar cabo suelto. Y por otro, la respuesta punitiva de jueces y tribunales está siendo uniforme, innegociable y extremadamente severa.

Esto no es un juego

Quizá ese cambio de escenario es lo que ha llevado a Anna Gabriel a pedir el amparo de Suiza al objeto de no ser procesada en España cuando sólo hace unos meses la imputación, lejos de ser una amenaza objetiva, era un elemento casi ornamental que dotaba de pedigrí a quienes ostentaban esa condición, como por ejemplo a los tres condenados del 9N (Mas, Rigau y Ortega).

La situación, efectivamente, ha cambiado y ahora los desplantes o los plantes a la justicia se pagan a otro precio, como bien intuye Gabriel.