El Gobierno confía en obtener la extradición

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que no prevé "ninguna dificultad" para la extradición de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel de Suiza, una vez el juez ha emitido la orden internacional para su detención, tras no acudir hoy a declarar como investigada por un delito de rebelión.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha dicho que no se le ocurre qué podría pasar para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona perseguida e investigada en España por el Tribunal Supremo, como en el caso de la exdiputada.

Tratado vigente

Catalá ha recordado que el Estado español tiene un tratado de extradición firmado con Suiza, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para concederla.

Ha destacado que el derecho de extradición es "propio de sociedades democráticas" y ha explicado que será el juez competente en Suiza quien tendrá que determinar si existe el principio de "doble incriminación", para ver si los delitos por los que "hipotéticamente" se pueda acusar a Gabriel en España existen en ese país.

Dudas en Suiza

Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, ha señalado, por su parte, que el artículo 3 de la Ley Federal sobre asistencia mutua internacional en materia penal señala que la extradición está excluida por razones políticas y solo se contempla cuando para acciones que llevan implícita la violencia como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, de guerra y otros particularmente reprobables como la toma de rehenes.

Galli dice que, en su opinión y por lo que ha leído en la prensa de su país, los cargos contra Gabriel, a primera vista, son políticos. Aun así, asegura que la Oficina Federal de Justicia examinará los hechos a fondo si España le cursa una petición de extradición.