El Gobierno lo sabe. España no puede prescindir de Cataluña pero una hipotética independencia de este territorio provocaría una quiebra de la solidaridad interterritorial que el doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Borja Suárez califica de “retroceso”.
Suárez considera, en declaraciones a Crónica Global, que las amenazas sobre el sistema de pensiones en una hipotética Cataluña independiente “son burdas” pues “el Gobierno es consciente de las dificultades que supondría la independencia catalana para el resto de contribuyentes. España no se puede permitir prescindir de Cataluña”. En este sentido, recuerda que esta comunidad autónoma tiene 3,3 millones de contribuyentes, un 19% del total, cuyas cotizaciones están por encima de la media española.
"Un retroceso"
Suárez, profesor titular de Derecho del trabajo y Seguridad Social en la UAM, es autor de los libros La protección social en el Estado de las Autonomías y El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad, y colaborador en los portales Agenda Pública y Economistas frente a la crisis.
Entiende que una Cataluña independiente podría ser viable desde el punto de vista de las pensiones. “Otra cosa son los problemas que surgirían durante esa transición si la separación de España no se hace por mutuo acuerdo”, explica. En este sentido, afirma que un supuesto estado catalán sí podría dedicar un 12% de su PIB al pago de las pensiones. “Lo que me resulta más amargo desde la perspectiva de la Seguridad Social es que la independencia de Cataluña supondría la quiebra de un instrumento de solidaridad, de cohesión social y de compromiso interterritorial. Me parece un retroceso”, afirma el doctor universitario.
El ejemplo de Andalucía
Pese al envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom, Borja Suárez discrepa de la idea de que el sistema de pensiones es insostenible. “Lo que ocurre es que es necesario adoptar medidas. Y estas no pasan por recortar las pensiones, sino por reforzar las estructuras de ingresos, como se hace en otros países de nuestro entorno”, precisa. Y también es necesario, dice, ajustar el modelo de protección social al marco descentralizado de organización territorial. Una asignatura pendiente que incluye una mayor implicación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones. “No habría ruptura de la caja única”, asegura.
Pone como ejemplo Andalucía, que aprobó subidas complementarias de las pensiones no contributivas. No sin trabas. Tras la impugnación del Gobierno español, el Tribunal Constitucional avaló esos incrementos.