El directivo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat  (CTTI) Josué Sallent ofreció entre uno y dos millones de euros a la empresa Scytl para que desarrollase el software del recuento de votos del referéndum ilegal del 1-O.

Así lo ha confirmado a la Guardia Civil el consejero delegado de esa empresa, Pere Vallès Fontanals, en la declaración que recoge el sumario del llamado caso Anubis que investiga el juez de instrucción número 13 de Barcelona.

Contrato tentador

Vallès se puso manos a la obra pero no fue ajeno a las informaciones que durante aquellos días del verano de 2017 se sucedían en los medios de comunicación: diversos tribunales, entre ellos el Constitucional, declaraban ilegal la consulta anunciada y proclamada por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Por ello, solicitó un informe de viabilidad legal al despacho jurídico Garrigues. Vallès quería saber si la tentadora oferta de ese suculento contrato de hasta dos millones de euros podía acarrearle algún problema.

El informe de Garrigues concluyó con un no. No había inconveniente legal para suscribir y satisfacer ese contrato. Sin embargo, tal y como declara Vallès ante la Guardia Civil, no lo vio claro, no hizo caso del contenido del informe que él mismo había encargado, y decidió romper el acuerdo que había suscrito con Sallent.

Malversación

La Guardia Civil da verosimilitud a la explicación del consejero delegado de esta empresa. De hecho, cuando tuvo conocimiento de la renuncia de Scytl, lo puso inmediatamente en conocimiento de juez, Juan Antonio Ramírez. El instructor procedió entonces a intervenir el teléfono de Sallent al considerar que, si no era esa compañía, sería otra la encargada de desarrollar el software para el recuento de votos de referéndum ilegal.

La Guardia Civil apunta a esta operación como un ejemplo de la capacidad disposición de líquido económico por parte de los responsables del proceso independentista. Este informe forma parte de la pieza relativa a la malversación de caudales iniciada por la policía judicial.