Cada nuevo paso que da la Guardia Civil en sus averiguaciones sobre la posible malversación de caudales públicos atribuida a Carles Puigdemont y el resto de líderes del procés, aumentan las sospechas de que presidencia de la Generalitat se gastó sin reparo dinero del contribuyente en la celebración del referéndum ilegal.
Los últimos informes de la Guardia Civil sitúan a dos estrechos colaboradores de Puigdemont, Roc Fernàndez y Jaume Mestre, como los encargados de contactar directamente con distintas empresas cuyos servicios iban a resultar fundamentales para la celebración del referéndum del 1-O: el recuento de votos y la plasmación y desarrollo de las leyes de desconexión.
Empresas pantalla
Fernàndez, responsable de contenidos digitales de la presidencia de la Generalitat, contactó con el que fuera administrador de la empresa Azalpen, Ibon Orrantia Echevarría, para la creación y compra de los dominios pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu.
Tal y como ha reconocido el propio Orrantia ante la Guardia Civil, sus honorarios ascendieron por el servicio contratado a 350 euros más IVA, pero no los facturó directamente a presidencia sino que, por expresa indicación de Fernàndez, los derivó a la empresa Tereguix, proveedora de la Generalitat. Orrantia, que reconoció haber trabajado para Convergència Democràtica de Catalunya y para Òminium Cultural, explicó a la policía judicial que Fernàndez no quería aparecer en primera línea como solicitante de los dominios y, por ello, utilizó empresas superpuestas a fin y efecto de disimular la operativa. Este ejemplo muestra hasta qué punto la Guardia Civil esta revisando factura a factura, por pequeña que esta sea.
Un anuncio sospechoso
La Guardia Civil pone el acento también en otro estrecho colaborador de Puigdemont. Jaume Mestre, responsable de difusión institucional de la Generalitat. Según la policía judicial, Mestre contactó directamente con la empresa Estudio Dada para el diseño de un anuncio sobre el registro de catalanes en el exterior.
La Generalitat llegó a pagar más de 10.000 euros por ese anuncio (que publicó el diario La Vanguardia) a David Macià Ruiz, que ha confirmado todos los extremos que aparecen en el informe. Macià reconoce que el anuncio buscó una cierta ambigüedad en el contenido para no incurrir en la comisión de flagrantes ilegalidades dado que el referéndum, cuando se suscribió el contrato, ya era ilegal por orden del Constitucional.