El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley con el que propone ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable. En concreto, introduce cinco nuevos supuestos: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado que la pena de prisión permanente revisable se introdujo en la legislación española en 2015, pero que entonces el Gobierno fue "prudente" y limitó su aplicación a ocho supuestos. Ahora, el Gobierno opina que, además de los "avales jurídicos y legales", tiene el "principal aval", que es la "voluntad de los ciudadanos". "En las encuestas, la opinión pública reiteradamente ha puesto de manifiesto que considera razonable que en Código Penal exista una pena así para los delitos más graves", ha explicado, al tiempo que ha remarcado que en este apoyo hay una "cierta identidad ideológica de los votantes" de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

Cuestión consolidada en Europa

Además, ha recordado que la mayoría de países europeos incluye la pena de prisión permanente revisable en su ordenamiento jurídico, con gobiernos de distinto color político. "Es una cuestión muy consolidada y no conozco ningún gobierno que se esté planteando la revisión", ha manifestado. "Se trata de avanzar y atender la demanda social y la experiencia acreditada tanto en el ámbito nacional como en el internacional", ha apuntado Catalá, quien ha insistido varias veces en que los nuevos supuestos son "casos muy singulares y extraordinarios".

A la pregunta de si ve posible aprobar el proyecto de ley, ya que otros partidos han mostrado sus reservas sobre este asunto, el ministro se ha limitado a señalar que ya se verá lo que sucede durante la tramitación parlamentaria, pero ha vuelto a recordar que la prisión permanente revisable existe en toda Europa salvo en Croacia y Portugal. "Si el 80% de la población considera que debe existir esta pena, ¿cómo van a estar los grupos tan alejados del sentir social?".

No es iniciativa del Gobierno

Además, ha subrayado que "no ha sido el Gobierno quien ha puesto encima de la mesa" el debate de ampliar la prisión permanente revisable, sino "los grupos que han propuesto su derogación directa para volver a convertir a España en una isla en Europa". Por eso, ha negado una vez más que el Ejecutivo haya aprobado este proyecto de ley "en términos de oportunidad electoral".

A la pregunta de si el nuevo supuesto de asesinato con obstrucción para recuperar el cadáver podría aplicarse en el caso de Marta del Castillo, el ministro ha recordado que en el ordenamiento jurídico "no existe retroactividad" y, por lo tanto, los cinco casos nuevos de prisión permanente revisable se aplicaría en futuros casos, no para los que han ocurrido en el pasado.

Los planes de pensiones

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado que se permita rescatar los planes de pensiones para fomentar el ahorro. Ya no será necesario que el ahorrador se encuentre en una situación excepcional, ya sea paro de larga duración, enfermedad grave o riesgo de desahucio, como se exigía hasta ahora. Se trata de hacer más atractivos los planes de pensiones con el objetivo de "estimular" el ahorro privado, según ha explicado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

Aunque se incentive el ahorro privado, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad porque "las pensiones públicas en España son un derecho, que este Gobierno se ha encargado de garantizar". Desde el Ministerio de Economía creen que la posibilidad de poder recurrir al dinero ahorrado en planes de pensiones una vez transcurridos diez años desde la aportación de los fondos será clave también para que los jóvenes se animen a contratar un producto de este tipo.

Retirada posible en 10 años

La entrada en vigor del texto permitirá que cualquier aportación a un plan de pensiones se pueda retirar en un plazo de diez años y, en el caso del dinero depositado con anterioridad, la fecha de corte será finales de 2015. De este modo, a partir de 2025 se abrirá una ventana para que ocho millones de ahorradores dispongan del dinero depositado en sus planes de pensiones al cierre de 2015, cuando ascendía en planes individuales a 68.000 millones. Y las aportaciones realizadas con posterioridad a 2015 deberán dejar transcurrir los diez años correspondientes.

En cuanto a las comisiones de gestión, el real decreto las diferencia según tres tipos de fondos de pensiones. Se aplica un máximo del 0,85% para fondos de renta fija, lo que supone una disminución de 65 puntos básicos frente al límite actual; un tope del 1,30% para fondos mixtos, 20 puntos básicos menos; y del 1,50% para fondos de renta variable, igual que ahora.

Efecto positivo en la rentabilidad

Con los nuevos porcentajes, la comisión media calculada según la distribución del patrimonio entre los diferentes tipos de fondos baja del 1,50% al 1,25%. A su vez, se reduce la comisión máxima de depósito de 0,25% al 0,20%, añade Economía en un comunicado. Esta bajada de comisiones máximas se suma a la ya realizada en 2014, que supuso entonces una caída del 30%.

La reducción de los costes de gestión y depósito tendrá un efecto positivo en la rentabilidad neta que obtienen los partícipes por sus ahorros, especialmente en los fondos de pensiones de renta fija, que se han visto afectados por los bajos tipos de interés. El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto la aplicación de los nuevos límites de las comisiones de gestión y depósito, que lo hará a los dos meses desde la fecha de su publicación en el BOE.

Además, se actualiza la regulación de las inversiones de los fondos de pensiones con el objeto de poner al día las referencias que el reglamento de planes y fondos de pensiones hace a otra normativa financiera nacional y comunitaria en vigor. Asimismo, se incluyen expresamente como activos aptos para los fondos de pensiones las participaciones en los Fondos de Capital Riesgo Europeos y los Fondos de Emprendimiento Social Europeo.