La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural gastaron más de 1,5 millones de euros en el procés y la organización del referéndum del 1 de octubre. Así lo asegura un informe que la Guardia Civil ha entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que destaca la compra de publicidad y el alquiler de autobuses para varias movilizaciones independentistas como gastos principales.
Además de las concentraciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Instituto Armado apunta que se destinaron partidas a las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre –ante la sede de la Consejería de Economía– “para impedir las actuaciones de entrada y registro, ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona”.
Líderes en prisión
Precisamente estos hechos son los principales por los que se acusa a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart de rebelión. El expresidente de la ANC y número dos de Junts per Catalunya, y el presidente de Òmnium se encuentran en prisión preventiva sin fianza en Soto del Real desde el 16 de octubre. Durante las manifestaciones de finales de septiembre se produjeron algunos incidentes, como el destrozo de vehículos de la Guardia Civil.
La ANC gastó 105.679 euros en autobuses los días 5 y 6 de octubre, coincidiendo con otras manifestaciones independentistas que la Benemérita califica de “acciones coercitivas en varios puntos de la geografía catalana, como cortes de carretera y de vías de tren o las concentraciones que se dieron frente a las sedes del Partido Popular y de Ciudadanos en Barcelona”.
“Fuerza intimidatoria”
El objetivo de todo esto, según el informe, era “poner a disposición de la causa independentista, a través de movilizaciones, concentraciones o manifestaciones, una fuerza intimidatoria suficiente que actuara como un brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern y de los diputados independentistas”.
Además de la publicidad –a la que la ANC destinó 438.455 euros y Òmnium, 118.117– y el transporte, también se destinaron partidas a la informática, imprentas, eventos, seguros, medios de comunicación y mensajería. Estos datos han sido facilitados al cuerpo de seguridad por los bancos en los que las entidades tienen sus cuentas.