Carles Puigdemont, candidato de JxCat, no tiene registrado el teléfono del presidente del Parlament, Roger Torrent, tal y como explicó ERC este martes tras la suspensión del pleno de investidura en la Cámara catalana. Aunque ambos políticos fueron compañeros antes de compartir legislatura en Junts pel Sí. Coincidieron durante años en el consejo de administración de Aigües de Girona, una compañía que está bajo investigación en un caso de presunta malversación.

Torrent accedió al máximo órgano de dirección de la compañía en el 2007 tras convertirse en alcalde de su municipio natal, Sarrià de Ter (Girona). Fuentes de su entorno explican que la silla va unida al cargo, ya que la compañía también gestiona el suministro en esa población.

Presidencia de la gestora

De hecho, el nombre oficial de la gestora de agua es Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA. Puigdemont llegó a la cúpula de la compañía más tarde pero por el mismo motivo. En su caso, al acceder a la alcaldía de la capital provincial en junio del 2011.

Ambos incluso la llegaron a presidir, tal y como consta en el Registro Mercantil. Puigdemont fue nombrado presidente de la sociedad en el momento que recogió el testigo de su antecesora en la alcaldía, la socialista Anna Pagans. Se mantuvo en el cargo hasta agosto de 2013.

Cargo gratuito

La presidencia de Aigües de Girona por parte de Torrent llegó más tarde y fue más breve. Fue nombrado a finales del 2015 y cesó en abril del 2016.

Los mismos interlocutores apuntan que el liderazgo era rotatorio entre los municipios que conformaban la gestora de agua hasta ese momento. Además, en ese ejercicio se dejó claro en los estatutos de la misma que los miembros del consejo de administración no podrían percibir ninguna dieta por asistir a las reuniones o por ninguna otra cuestión relativa a la compañía.

Puigdemont salió definitivamente de la compañía al asumir el cargo de presidente de la Generalitat en la pasada legislatura. Torrent hizo lo propio a principios de diciembre.

Relación con el ‘caso 3%’

Aigües de Girona se hizo popular más allá de su ámbito de influencia el pasado septiembre. La Guardia Civil entró en la sede de la compañía y en una quincena más de emplazamientos relacionados con su actividad en un registro coordinado en el que el instituto armado intentaba recabar información sobre los presuntos delitos que se habrían cometido en el grupo.

Las pesquisas iniciales apuntaban a que se habrían malversado fondos públicos y a una presunta relación con el caso 3%, la supuesta red de financiación ilícita que había urdido CDC. El caso lo investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Girona.