El exalcalde de Cartagena debe reembolsar su salario

La ciudad murciana de Cartagena ha conseguido hacerse un hueco en la actualidad política por la situación en la que se encuentra su exalcalde José López. El representante de Movimiento Ciudadano (MC) debe reembolsar el salario que cobró desde 2015 hasta 2017, los ejercicios que estuvo al frente del ejecutivo local gracias a un pacto de legislatura con el PSOE.

Inició su mandato enarbolando la bandera de la transparencia y se mostró muy crítico con la corrupción política y con las llamadas puertas giratorias, entre otras cuestiones. Llegó incluso a prometer a los ciudadanos que conseguiría bajar el recibo de servicios básicos como el agua, algo que finalmente no ha conseguido tal y como indican fuentes de los partidos de la oposición --y sí ha logrado su sucesora, la socialista Belén Castejón--.

Incompatibilidades

Pero las mayores cotas de reconocimiento le han llegado por una cuestión inesperada para el político y MC. Se ha estrellado con una ley de 1984 sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de un real decreto sobre régimen local que se aprobó dos años más tarde, en 1986.

Ambas normas prohibían que un representante público cobrara un sueldo municipal al mismo tiempo que percibía retribuciones privadas de ámbitos muy específicos. Concretamente, “empresarios del café, té y sucedáneos”. Precisamente, el sector en el que trabajaba López y que le obligará a devolver los 125.000 euros de salario que se adjudicó desde junio de 2015 hasta el pasado julio para ocupar la alcaldía y la concejalía de Urbanismo.

Informe de la asesoría jurídica

La asesoría jurídica del ayuntamiento, a petición de PP, realizó un informe el pasado 4 de enero en el que le indicaba que debería reintegrar esta retribución. Afirma que deberá “indemnizar a la corporación local” por haber causado “daño o perjuicio” por decisiones tomadas con “dolo o negligencia”.

López se ha quejado de su situación en la prensa local. Ha defendido, según publica el diario La Verdad, que “se puede ser propietario de una empresa y ser concejal”. Una máxima que, según los juristas consultados, es cierta pero que en el caso que se analiza implica tomar una decisión de forma inmediata: o se cobra el salario del ayuntamiento o el de la empresa privada.

Conocimiento de la situación

Además, los letrados del consistorio detallaron que era obligación del alcalde comunicar en la casa del pueblo su incompatibilidad y actuar al respecto. Apunta que el líder de Movimiento Ciudadano conocía de antemano su situación y optó por no actuar.

Tiene pendiente ejecutar el reembolso.