La Audiencia Provincial de Barcelona notificará mañana la sentencia del caso Palau con la única duda de saber si el tribunal recogerá todos o solo una parte de los argumentos incriminatorios de la Fiscalía contra el excontable de CDC Daniel Osàcar y, por consiguiente, contra el partido que presidieron Jordi Pujol y Artur Mas acusado de haberse financiado con el dinero del Palau de la Música.

La sentencia condenatoria parece cantada. El otrora máximo mandatario del Palau, Fèlix Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de éste, Gemma Montull, reconocieron durante el juicio, sin reparos y con pruebas solventes, que movieron millones de euros de dinero opaco a través de la institución y que una parte de ese capital se lo metieron en el bolsillo (30 millones de euros) y otra (cerca de 6,6 millones de euros) fue trasladada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Pacto definitivo

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, a quien se conoce en la ciudad judicial de Barcelona como el Messi de la Fiscalía, llegó a un acuerdo con los principales acusados para que éstos aportasen datos “inapelables” sobre el circuito de dinero que, procedente en su mayoría de la empresa Ferrovial, acabó en las arcas de CDC, bien directamente o bien a través de fundaciones vinculadas a CDC, como la Trias Fargas.

Ferrovial fue adjudicataria de numerosa obra pública otorgada entre los años 2002 y 2007 por administraciones gobernadas por CiU.

Un traje a medida

Sánchez Ulled, el fiscal que llevó a la condena de Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por el caso 9N, le rebajó nada menos que 24 años de cárcel a la hija de Montull en sus escrito de calificación. De 26 años en su inicial propuesta concluyó su informe final con una petición de sólo dos.

La Fiscalía mostró de forma indubitada sus cartas: su objetivo prioritario en el caso Palau no era otro que acorralar a CDC y conseguir un sentencia que, por primera vez, acreditase oficialmente ante la opinión pública lo que la Fiscalía intuyó durante años pero nunca pudo demostrar a pesar de los intentos en casos como Banca Catalana y el caso Casinos.

“Tinglado criminal”

El fiscal Sánchez Ulled estuvo brillante durante toda la vista (cierto es que en pocas ocasiones un miembro de la acusación pública lo tiene tan fácil para convencer al tribunal habida cuenta de que los propios imputados se reconocen autores de los hechos).

Sánchez Ulled habló de “tinglado criminal” para referirse a la trama conformada entre Ferrovial, Palau y CDC. La revelaciones de los Montulll y Millet apuntando a CDC dieron alas a la Fiscalía Anticorrupción que, por boca de Sánchez Ulled, se atrevió a decir que “la bandera justifica cualquier atropello con la cartera” mezclando lo que es su habitual discurso técnico-jurídico con otro mucho más personal propio de quien, durante el jucio, se vino arriba al sentirse ganador.

Rebaja delatadora

El fiscal acabó el juicio con una solicitud de pena de 14 años para Millet (13 menos de lo inicialmente pedido) y de 10 años para Montull (17 menos de lo barajado meses antes de la vista).

Curiosamente, Sánchez Ulled elevó a 8 años la pena de 7 que había solicitado antes de la vista contra el excontable de CDC Daniel Osàcar.